El fundador de Finetwork acusa al CEO de Vodafone de inflar la deuda hasta 227 millones

Pascual Pérez acusa José Miguel García de inflar la deuda de Wewi Mobile, matriz de Finetwork, con Vodafone España y de llevar a la empresa a una situación de «insolvencia irreversible» para recuperar su control accionarial. El fundador de la teleco eldense asegura que, durante los meses que el CEO de Vodafone estuvo como administrador de la matriz, elevó «artificialmente» el pasivo de la compañía hasta superar los 227 millones de euros.

Así se desprende de la querella interpuesta por Pérez —admitida a trámite por el Tribunal de Instancia de Alicante— contra el CEO de la operadora controlada por el fondo británico Zegona y a la que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL.

Tras tomar las riendas de la compañía gracias a la homologación judicial del plan de Vodafone en octubre de 2025, los socios fundadores de Finetwork recuperaron el control accionarial en abril de 2026 gracias a una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Alicante.

A partir de aquí, el conflicto se elevó al ámbito penal con dos querellas de los fundadores admitidas a trámite y otra de Vodafone que, hasta la fecha, no ha sido admitida. Sobre la interpuesta por Pascual Pérez, la jueza ya ha citado a declarar como investigado a José Miguel García por indicios de un presunto delito de administración desleal.

En su escrito, el fundador de Finetwork sostiene que, durante la etapa en la que García estuvo al frente de Wewi Mobile, las cuentas reflejaron un pasivo con Vodafone de hasta 227, 25 millones de euros incorporando partidas que, a su juicio, seguían siendo objeto de controversia judicial o arbitral.

Entre ellas cita créditos reclamados en procedimientos de ejecución, importes discutidos en un arbitraje internacional que inició Wewi e intereses que, según el escrito, todavía no constituían obligaciones firmes. La acusación considera que ese tratamiento contable agravó artificialmente la situación financiera de la operadora, que llegó a perder medio millón de clientes.

Cuestiona diferencias en la cifra de negocio y facturas emitidas por Vodafone

La querella también pone el foco en varias presuntas inconsistencias que presentan las cuentas anuales de Wewi. Entre ellas menciona diferencias en la cifra de negocio reflejada en distintos apartados del mismo documento y la reexpresión de las ventas correspondientes al ejercicio 2023. Aspectos que, a su entender, contribuyeron a ofrecer una imagen patrimonial más deteriorada de la sociedad.

Una reexpresión de las cifras de manera retroactiva mediante un cambio de criterio contable por el que el negocio de Finetwork pasó de 127,1 millones a 64,4 millones de euros, reduciéndolo prácticamente a la mitad según el fundador. Además, añade que las cuentas de dicho año fueron auditadas con salvedades por un auditor distinto al que sustituyeron tras el cambio de control.

Pérez asegura también que existen discrepancias contables en las cuentas auditadas del ejercicio 2024. Se trata de un importe de hasta 64,3 millones de euros en la cifra de negocio de Wewi, ya que la cuenta de pérdidas y ganancias recoge, según su versión, 97,7 millones y el Estado de Información No Financiera 162 millones. Una diferencia que no estaría explicada en la memoria financiera auditada.

Asimismo, el empresario alicantino denuncia una omisión en el documento de la condición de Vodafone como «parte vinculada con saldo acreedor», a pesar de ser ya el socio mayoritario de Wewi Mobile a fecha de la formulación de las cuentas.

Otro de los puntos más destacados de la acción judicial de Pascual Pérez con la que acusa de administración desleal agravada a José Miguel García se encuentra en una serie de facturas.

El querellante cuestiona así el reconocimiento íntegro de determinadas facturas millonarias emitidas por Vodafone pese a que las cantidades están discutidas en otros litigios aún por resolver.

En este sentido, Pérez asegura que hay facturas acreditadas al 100% como gasto en Wewi y como ingreso en Vodafone, «decididas por la misma persona en los dos sentidos simultáneamente», en referencia a la condición de García de CEO de Vodafone España y de administrador de la matriz de Finetwork durante los meses que tuvo el control.

Un préstamo de 130 millones en entredicho

Con todo, las cuentas de 2024 reflejaban un patrimonio negativo de 51,5 millones de euros, lo que supone que las deudas superaban con creces el valor de todos los activos de Wewi.

De ser así, la ley establece que la sociedad se encuentra en causa imperativa de disolución y obliga al administrador a convocar junta general en el plazo de dos meses. En caso de no convocarla, el administrador debe responder personalmente y de forma solidaria de todas las obligaciones sociales que se contraigan a partir de ese momento.

El relato de Pérez establece que, en lugar de convocar la junta, José Miguel García suscribió en nombre de Wewi un contrato de préstamo participativo de 130 millones de euros con Vodafone, «convirtiendo la deuda comercial de Wewi con su proveedor en un instrumento financiero especial que, a efectos contables, computa como patrimonio neto y elimina técnicamente la causa de disolución».

García, siempre según la querella, suscribió la operación siendo administrador de Wewi al mismo tiempo que apoderado de Vodafone y sin autorización de la junta general de la empresa.

A juicio de Pascual Pérez, el resultado de ese conjunto de ajustes fue presentar a Wewi como una compañía con un patrimonio neto fuertemente negativo y en una situación financiera mucho más comprometida de la que realmente le correspondía.

La querella sostiene que ese presunto inflado artificial del pasivo y del deterioro patrimonial constituye uno de los indicios del presunto falseamiento de las cuentas anuales, aunque reconoce que la determinación definitiva del impacto económico requerirá una auditoría forense y diversos informes periciales contables.

Estos hechos se suman a la transmisión de la marca Finetwork a Vodafone por 15 millones de euros —de la que informó ECONOMÍA DIGITAL en exclusiva— , el cierre de la sede operativa de Elda, el traslado de parte de la plantilla a las oficinas de Vodafone Plaza en Madrid y el mantenimiento de las pólizas de seguros de Wewi dentro del programa asegurador del grupo Vodafone.

Un conjunto de decisiones que para el denunciante tenían como objetivo dejar a la empresa sin capacidad real para continuar su actividad una vez recuperaran el control los socios fundadores tras la anulación del plan de reestructuración.

«Todas ellas responden a una lógica única, que es en definitiva entregar a los socios originarios una empresa en situación de insolvencia irreversible, para que la única salida razonable sea vendérsela a Vodafone o desaparecer», sentencia Pérez.