El CEO de Vodafone declara como investigado por administración desleal en el caso Finetwork
José Miguel García acudirá al Tribunal de Instancia número 9 de Alicante para prestar declaración a las 11:00 horas
José Miguel García, CEO de Vodafone España
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José Miguel García, CEO de Vodafone España, declara este martes como investigado por el caso Finetwork. El directivo se enfrenta a la querella interpuesta por el fundador de la teleco alicantina, Pascual Pérez, por un presunto delito de administración desleal agravada durante los seis meses que administró la matriz Wewi Mobile, ahora de nuevo en manos de los antiguos gestores.
La declaración de García de forma presencial está prevista para las 11:00 horas en el Tribunal de Instancia de Alicante número 9 de Alicante, según las fuentes consultadas por ECONOMÍA DIGITAL.
Su testimonio tiene lugar después de que el juzgado admitiera a trámite la querella presentada por Pérez y apreciara indicios de un presunto delito de administración desleal. El escrito del fundador de la que llegó a ser la quinta teleco española atribuye además a García posibles delitos de falseamiento de cuentas, estafa procesal e insolvencia punible.
La investigación se centra en el periodo comprendido entre octubre de 2025 y abril de 2026, cuando el ejecutivo compatibilizó su cargo al frente de Vodafone España con el de administrador único de Wewi Mobile.
El principal reproche de los antiguos accionistas de Finetwork se encuentra en la evolución de la deuda de Wewi con Vodafone. La querella sostiene que, durante los meses en los que García estuvo al frente de la compañía, infló artificialmente el pasivo reconocido de la sociedad hasta los 227,25 millones de euros, tal y como adelantó este medio.
Pérez considera que esa cifra incorporó créditos, intereses y otras cantidades que todavía estaban sometidos a procedimientos judiciales o arbitrales y que, por tanto, no podían considerarse obligaciones firmes.
La acusación también cuestiona cifras recogidas en las cuentas de Wewi como la reexpresión de las ventas de 2023, diferencias significativas en la cifra de negocio de 2024 según la documentación presentada o determinadas facturas de Vodafone contabilizadas como gasto en Wewi y como ingreso en Vodafone, cuando García ocupaba posiciones de responsabilidad en ambas sociedades.
A todo ello, Pérez atribuye al CEO de la compañía controlada por el fondo británico Zegona una presunta purga de la cúpula directiva de la empresa con indemnizaciones que se elevan por encima de los tres millones de euros, que habrían deteriorado aún más la situación financiera de Wewi.
José Miguel García se defiende
Por su parte, Vodafone rechaza frontalmente el relato de los fundadores. La compañía, que encargó un informe forensic a Deloitte, sostiene que los problemas financieros de Finetwork eran anteriores a la llegada de García y que su intervención estuvo dirigida a recuperar una deuda acumulada durante años y evitar el colapso de la compañía.
En esta línea, el CEO de Vodafone ha anunciado en declaraciones a Cinco Días que defenderá en el juzgado esta tesis y acudirá a «desmontar», en sus propias palabras, la «trama de falsedades» que, a su juicio, Pascual Pérez y el resto de fundadores han construido contra él y contra la compañía.
La defensa argumenta que las cuentas auditadas de 2023 ya contenían incorrecciones materiales y advertencias sobre la continuidad del negocio. Tras asumir el control, Vodafone asegura haber encontrado menos clientes de los anunciados, una caída significativa de ingresos y EBITDA y pérdidas en 2024 y 2025.
Desde la teleco sostienen además que renegoció contratos de proveedores, redujo compromisos comerciales y puso en marcha un plan de estabilización.
La operadora también defiende que la situación de la sede de Elda presentaba deficiencias de seguridad y salubridad y que algunos contratos suponían costes elevados para una compañía ya deteriorada.
Su relato pretende situar el origen del problema mucho antes de la entrada de García y presentar sus decisiones como medidas destinadas a salvar el negocio.
El conflicto Vodafone-Finetwork
La disputa entre ambas compañías se remonta a 2019, cuando Wewi comenzó a trabajar con Vodafone como colaborador comercial. El deterioro de la relación se hizo evidente en 2023, cuando Finetwork acumulaba ya una deuda relevante con su proveedor de red.
En enero de 2024 Vodafone acudió a los tribunales por los elevados impagos que le atribuía y, cuatro meses después, ambas compañías alcanzaron un acuerdo homologado judicialmente por el que Wewi reconoció una deuda de 63,1 millones de euros.
Según denuncia Vodafone, los retrasos en los pagos continuaron durante la segunda mitad de 2024, por lo que terminó solicitando la ejecución judicial del acuerdo.
En marzo de 2025 el juzgado ordenó el embargo de cuentas de Wewi y, un mes después, la compañía inició negociaciones preconcursales. Vodafone pidió entonces el nombramiento de un experto independiente.
El siguiente capítulo fue la reestructuración. El plan homologado por un juzgado mercantil en septiembre de 2025 permitió a Vodafone capitalizar deuda y hacerse con el 99,4% de Wewi y la operación fue posteriormente autorizada por la CNMC.
José Miguel García pasó a ejercer como administrador único de Wewi en noviembre, iniciándose el periodo que ahora está bajo investigación, al mismo tiempo que ocupaba su cargo como CEO de Vodafone.
El giro judicial llegó cuando la Audiencia Provincial de Alicante anuló en abril de 2026 la homologación del plan de reestructuración en sentencia firme, lo que devolvió el control societario a los antiguos accionistas y provocó el regreso del consejo previo.
García dejó de ser administrador el 29 de abril y Vodafone terminó entregando en julio la documentación y las llaves de la sociedad a los antiguos propietarios.
El otro frente: la marca Finetwork
En paralelo a este proceso judicial se libra una batalla por uno de los principales activos de la compañía: la marca. Vodafone pagó a Pascual Pérez 15 millones de euros en noviembre de 2025 para adquirir Finetwork, WeWi we are WIFI, Fi Network, varios dominios y otros activos intangibles, según informó en exclusiva ECONOMÍA DIGITAL.
Pérez considera especialmente controvertidas las condiciones de aquella operación, puesto que los contratos firmados el 27 de noviembre establecieron un pago inicial de 13 millones de euros vinculado al desistimiento de la impugnación del plan de reestructuración y otros dos millones con vencimiento posterior.
La querella sostiene que la operación se produjo en un «contexto coactivo», dado que Vodafone controlaba entonces el 99,4% de Wewi y los fundadores habían quedado reducidos al 0,6%.
El conflicto se ha prolongado incluso después de la devolución de Wewi. Vodafone conserva la titularidad de la marca y ha lanzado su propia oferta comercial bajo el dominio finetwork.es, mientras Wewi continúa utilizando la enseña en finetwork.com.
El permiso de uso de Wewi expira el próximo 10 de octubre, pero Pérez ha solicitado medidas cautelares para impedir que su empresa pierda el derecho a comercializar la marca. Una petición que se espera tenga una respuesta tras la declaración de José Miguel García, una vez la jueza haya obtenido su versión.
