Convergència responderá en los tribunales por el 'caso Palau'

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El juez ratifica los indicios de que el partido nacionalista se financió irregularmente

Fèlix Millet, Jordi Montull y el President de la Generalitat, Artur Mas (CDC) | EFE

16 de julio de 2013 (11:30 CET)

La instrucción del caso Palau llega a su final. Tras cuatro años de investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuán, ha concluido que existen indicios suficientes para enviar a juicio la trama que, supuestamente, sirvió para financiar de forma irregular a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del president Artur Mas. Para ello, usó una de las instituciones culturales más importantes del país.

Pijuán mantiene la imputación tanto a los antiguos patronos de la entidad, Félix Millet y Jordi Montull, a los que acusa de enriquecerse a su costa; como a los ex tesoreros del partido que lidera Mas.

Pagos de Ferrovial


En el auto que ha hecho público este martes, el magistrado asegura que la formación política recibió de Ferrovial "pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora por el Govern de la Generalitat de Catalunya y por entidades públicas que adjudicaron la obra". 

Pijuán asegura que CDC recibió estas mordidas "bajo el encubrimiento de donaciones que por el concepto de patrocinio a la Fundació Privada Orfeó Català Palau de la Música Catalana”. La investigación señala que el partido en el Govern de la Generalitat ganó cinco millones de euros fraudulentamente a través de diferentes mecanismo.

Desvíos

Por un lado, el magistrado habla de entregas en efectivo a los ex tesoreros entre los años 2000 y  2007 por valor de 2,3 millones de euros. Otro mecanismo utilizado era un sistema de facturación falsa. Diferentes empresas publicitarias entregaron alrededor de dos millones de euros a la trama.

La tercera estrategia para cometer el fraude fueron siete convenios de colaboración entre la Fundación Trias Fargas (organismo vinculado a CDC que ahora lleva el nombre de CatDem) y el Palau.

Cúpula de Ferrovial en Catalunya

Respecto a la participación de Ferrovial en la trama corrupta, la acusación del juez sólo afecta a la filial catalana de la compañía. Una tesis que también se encuentra en el escrito de acusación final del fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled.

Ambos, aseguran que tanto el director territorial de Catalunya de la empresa (posteriormente ocupó el cargo de director general de la división de construcción), Pedro Buenaventura, como el director de relaciones institucionales, Juan Elizaga, son los únicos responsables empresariales. "Actuaron sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de dirección de la sociedad”, reza el escrito.

Acusación del fiscal Anticorrupción

El documento de Pijuán sigue prácticamente al pie de la letra el escrito de Sánchez-Ulled. El juez señala directamente a los ex tesoreros de CDC, Carles Torrent y Daniel Osàcar, así como al ex diputado Jaume Camps como parte activa de la trama.

Sin embargo, como el fiscal, concluye que hubo más políticos involucrados. "La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción", indica.

Obras

Pijuán ve indicios de delito en cuatro adjudicaciones a Ferrovial.

El magistrado sospecha de los contratos por valor de 890 millones de euros de la Línea 9 de Metro; la participación en la construcción de la Ciutat de la Justícia (una obra valorada en su totalidad por 263 millones de euros); la construcción del Pabellón Municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por cuatro millones; y el revestimiento de la acequia Bellet por 2’6 millones de euros.

Comisiones

El sistema de comisiones funcionaba de la siguiente manera, según el juez. Ferrovial abonaba una comisión del 4% de la obra pública. El 2,5% iba directamente a Convergència, mientras que el resto se quedaba en manos de Millet y Montull.

Los ex patronos del Palau se repartían su pastel a razón del 80% y el 20%, respectivamente. “También el imputado Jaume Camps Rovira recibió alguna remuneración por su intermediación, al menos en una ocasión, en marzo de 2003 en que recibió de Félix Millet Tusell la suma de 5.450.000 pesetas”, afirma el escrito.
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