El Govern se ofrece a los bancos para comprar antes que nadie los pisos de desahuciados

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La medida pretende que los fondos de inversión internacionales no se queden con inmueblesde familias necesitadas

Elizabeth Marquez durante el desahucio de su vivienda en Barcelona

en Barcelona, 10 de marzo de 2015 (15:32 CET)

Una medida social, para paliar la situación de las familias más necesitadas. El Govern ha aprobado este martes un decreto ley para proteger a familias en situación de vulnerabilidad, que pasa por instar a las entidades financieras a ofrecer las viviendas de los desahucios a la Generalitat.

La Administración antes que los fondos de inversión 

El Govern y los ayuntamientos tendrán el derecho de tanteo y retracto hasta el 2021 sobre los inmuebles de desahuciados que ahora están en manos de entidades financieras, antes de que los bancos los vendan a fondos de inversión internacionales.

Ahora bien, el derecho para realizar esas operaciones lo tendrán los 72 municipios en los que existe, según la Generalitat, una demanda acreditada.

La idea es que las entidades, antes de vender alguno de estos inmuebles, lo comunique a la Generalitat, que tendrá la preferencia para comprar el piso al mismo precio que la entidad tiene previsto venderlo.

Para ello, el Govern dispondrá de una partida de 8 millones de euros, prevista en los presupuestos, con la previsión de ingresarlos a través del impuesto sobre los pisos vacíos y con los fondos municipales de suelo y vivienda que tienen los ayuntamientos.

14.230 ejecuciones hipotecarias

El conseller de Territori, Santi Vila, ha explicado la medida, "para paliar la situación de muchas familias", aunque no ha ofrecido un número mínimo de actuaciones que se podrían poner, ahora, en marcha. Pero la idea ha surgido después de comprobar que la mayoría de las 14.230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas del año pasado acabaron en manos de fondos de inversión.

El Govern prevé sancionar a las entidades que, en seis meses, no vuelvan a dejar los inmuebles en el mercado, con multas que podrían oscilar entre los 3.000 y los 90.000 euros.

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