Empieza el juicio por malversación a la antigua cúpula de la ACA

Se abre el juicio oral por malversación de fondos públicos a la antigua cúpula de la Agencia Catalana del Agua (ACA)

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En este juicio, que llega después de años de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la entidad pública. 

Concretamente, la investigación apunta a que, en 2008, el actual responsable del área de adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) de la Generalitat de Cataluña, Gabriel Borràs, habría adjudicado 38 contratos de forma ilegal al que había sido gerente de la ACA y máximo responsable de las inversiones públicas del Ejecutivo de Artus Mas, Joan Lluís Quer. Tanto Borràs como Quer están imputados en esta causa que ahora inicia su vista oral.

Contratos millonarios

El caso remite a 2008, cuando la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Auding, United Research y Atenginy, consiguió ser la adjudicataria de varios contratos licitados por la ACA, obteniendo unos ingresos de unos 7,6 millones de euros. Como representante de la UTE en ese momento figuraba Joan Lluís Quer, que había ocupado la gerencia del ACA desde el año 2000 hasta el 2004.

La Sindicatura de Cuentas detectó anomalías en las contrataciones de la ACA y las llevó a la fiscalía, que inició su investigación. El primer caso que levantó sospechas se remonta a 2007, cuando la ACA licitó el contrato para la “Redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña”. 

Un contrato que se adjudicó a la UTE de Quer por 3,75 millones de euros (la licitación inicial presupuestaba para este contrato un máximo de 4 millones). A partir de este concurso, se abriría la posibilidad de realización de otros trabajos que no estaban incluidos en el pliego inicial. Supuestamente así justificaban que solo un año más tarde la ACA adjudicara a la misma UTE un total de 38 contratos complementarios con unos importes que ascenderían a un total de 3,93 millones de euros, que se sumaban al contrato inicial. 

Según la fiscalía, la adjudicación de este contrato habría sido pactada previamente con la UTE ganadora de la licitación en unos encuentros avalados por el en aquel momento director de Planificación de la ACA, Gabriel Borràs. Indica el fiscal que en estas reuniones se habría dado información relevante sobre los futuros términos de la adjudicación. Borràs fue, además, el técnico de ACA encargado de dar el visto bueno a estos 38 contratos presuntamente ilegales “complementarios”, adjudicados sin concurso.

Así pues, la querella que llega ahora a juicio recoge que la ACA y la UTE beneficiada habrían pactado el precio final y “enmascararon un beneficio económico ilícito” dividiendo, en la práctica, el contrato en dos partes: la principal y la complementaria. Así, los cargos que la fiscalía imputa a los querellados en este caso son: malversación de fondos, prevaricación, fraude, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. 

Imputados

Entre los imputados está Joan Lluís Quer que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y máster en Dirección de Empresas por el IESE. Fue gerente de la empresa Regs de Cataluña durante 7 años, hasta 2000, cuando pasó a ocupar el cargo de gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

Con el tripartito en el poder de la Generalitat (2004) abandonó la agencia y volvió a la empresa privada de ingeniería. Primero como director general y luego como consejero delegado. Quer hizo crecer la empresa Auding —rebautizada, tras una fusión, como AudingIntraesa— hasta convertirla en una de las mayores ingenierías de Cataluña (2004-2011). Auding se ha encargado del control de la ejecución de las obras de diversos tramos de la línea 9 del metro de Barcelona. 

El expresidente de la Generalitat Artur Mas repescó a Quer para el sector público en 2011 y lo nombró presidente de la antigua GISA, ahora conocida como Infraestructuras de la Generalitat, la empresa pública que adjudica la mayor parte de las obras públicas del Gobierno catalán. Dimitió en 2015, después de que la Guardia Civil registrara la sede de Infraestructures en el marco de la investigación del caso de las comisiones ilegales del 3% que Convergència cobraría a cambio de la adjudicación de obras públicas. En 2016, se incorpora al Institut Cerdà, donde actualmente ocupa el cargo de gerente general de la institución en Chile y de director del SeCRO.

Por su parte, Gabriel Borràs es licenciado en Biología y su vida profesional la ha dedicado al mundo del agua; desde el año 1992 que ingresó en la Agencia Catalana del Agua hasta marzo de 2011 ha trabajado en la depuración de aguas residuales y en la planificación del agua en Cataluña, ocupando los cargos de director de Planificación y Coordinador de Áreas. Después de su salida de la ACA se mantuvo con cargo público, convirtiéndose en el responsable del área de adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña -cargo que aún ostenta hoy en día- y ha sido el coordinador técnico del proyecto Life MEDACC (2013-2018).

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