Juicio del 1-O: Puigdemont se convierte en «testigo capital»

Las defensas de los dirigentes encarcelados subrayan que no hay motivo para vetar a Puigdemont y amenazan con llevar un eventual veto al TEDH

De izquierda a derecha: Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva, en la cárcel de Lledoners. Foto: Òmnium

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«Cuando a uno le piden más de 15 años de cárcel, tiene derecho a defenderse con todas las armas». La frase la dijo este martes Jordi Pina, abogado de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC y líder del grupo de Junts per Catalunya (JpC) en el Parlament, Jordi Sànchez, al presentar los escritos de defensa de sus tres clientes.

Esas armas son las pruebas que solicitan las defensas, y el resto de peticiones que hacen al tribunal. Aquí van algunas de las más significativas que recogen los escritos de defensa que los letrados de los líderes independentistas procesados ya han presentado, y a las que se prevé que el Tribunal Supremo dé respuesta la próxima semana, según fuentes judiciales.

Comparecencia de Puigdemont

Tanto Pina como el abogado del exconseller Joaquim Forn, Xavier Melero, el del expresidente Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, y la letrada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, solicitan la comparecencia mediante videoconferencia de Carles Puigdemont, cuyo testimonio es considerado clave dado que, en tanto que presidente de la Generalitat, fue responsable último de las decisiones que se tomaron hasta la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El testimonio del expresident, verdadero elefante en la habitación por lo que se refiere al juicio, supondría uno de los mayores golpes de efecto del proceso judicial, que la mayoría de los abogados de los líderes independentistas entienden y quieren insistir en escenificar como una causa política.

Puigdemont reside ahora en Bélgica y contra él no pesa ninguna euroorden desde que el Supremo renunció a su entrega por malversación, la única que autorizó en su día la justicia de Alemania, país donde había sido detenido.

De modo que los abogados entienden que no hay motivo para que la sala de enjuiciamiento rechace su petición. Si lo hiciera, las defensas utilizarían ese rechazo de un «testigo capital», en palabras de Pina, en futuros recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Comparecencias de Rajoy y el Rey

Pina también ha pedido otras dos comparecencias que reforzarían la visualización de la naturaleza política del juicio: las del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la del rey Felipe VI, esta en referencia a su discurso del 3 de octubre, en el que se alineó sin fisuras con la reacción del Gobierno tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O, y que fue citado por la fiscalía en su escrito de acusación como un hecho importante. En este caso, y como el monarca en ningún caso está obligado a declarar, si declinara hacerlo, se pide que sea el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, quien lo haga.

Otros testigos

La larga lista de testigos solicitados por las defensas incluye otros nombres propios relevantes, del expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o también el exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, procesado en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, y cuyo testimonio solicita el abogado de Forn, que entonces era su superior en tanto que conseller de Interior.

El abogado de Rull, Turull y Forn, por su parte, añade a la lista de testigos a 60 particulares que acudieron a votar el 1-O, para que relaten su experiencia, como réplica a la solicitud de la fiscalía de que comparezcan diversos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en el operativo para impedir el referéndum.

Actas del Consejo de Ministros

Pina pide incluso un informe del Gobierno sobre las actas de las reuniones del Consejo de Ministros de los años 2017 y 2018 en las que se planteara la posibilidad de declarar el estado de sitio.

Preguntado sobre si la profusa lista de pruebas solicitadas podría retrasar el arranque del juicio, aún sin fecha pero que se espera que empiece en pocas semanas, Pina tiró de ironía. «Como este no es un juicio político, todo el mundo quiere que se haya acabado todo el 26 de mayo [fecha de las elecciones autonómicas, municipales y europeas]. Pero a mí eso no me condiciona».

Traslado del Supremo a Cataluña

Los acusados han pedido poder declarar en catalán y contar con servicio de traducción simultánea. El abogado de Junqueras y Romeva reclamó por su parte que el Supremo se traslade a Barcelona para que el juicio pueda celebrarse en la capital catalana.

Observadores internacionales

Tanto Van den Eynde como PIna, que enfatizan en sus escritos la naturaleza política que en su opinión tiene el juicio, solicitan además que en la sala se reserven plazas para cinco observadores internacionales, de modo que, en caso de ser designados, pudieran llevar a cabo su función de forma presencial.

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