La doctrina Botín no vale para la Infanta, que seguirá en el banquillo

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La Audiencia de Palma rechaza la petición de la defensa de Cristina de Borbón, que negaba la legitimidad de Manos Limpias para acusarla de delito fiscal

La infanta Cristina durante el juicio por el caso Nóos / EFE

Barcelona, 29 de enero de 2016 (10:37 CET)

Cristina de Borbón seguirá en el banquillo. Así lo ha decidido la Audiencia de Palma, que confirma la acusación de delito fiscal contra la Infanta, quien tendrá que volver al juxgado el próximo 9 de febrero.

De este modo, el juzgado desestima la aplicación de la conocida como doctrina Botín a Doña Cristina, que prevé que una acusación popular -–en este caso la de Manos Limpias-- no puede llevar a juicio a alguien por delitos relacionados con Hacienda, si no es el propio ministerio quien lo pide. 

Anticorrupción y Hacienda, en contra

La defensa de la Infanta había solicitado que se anulase parcialmente la apertura de juicio oral, archivándose la parte del caso Nóos que implica penalmente a la hermana de Felipe VI. Esta petición también se hizo desde la Fiscalía Anticorrupción, en boca del fiscal Pedro Horrach, y la propia Abogacía del Estado, que representa los intereses de Hacienda en el juicio.

Petición de ocho años de cárcel

Desde diferentes frentes se había dado casi como seguro que la Audiencia balear aceptaría la aplicación de la doctrina Botín en este caso. Al tratarse de una jurisprudencia consolidada por el Tribunal Supremo y el Constitucional, así como por siete sentencias diferentes de audiencias provinciales. 

Manos Limpias pide para la hija de Juan Carlos I ocho años de prisión, como cooperadora necesaria en varios de los delitos presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín. Urdangarín, junto con us ex socio Diego Torres, presuntamente utilizaron la sociedad Aizoon como tapadera para diversos fraudes fiscales y tráfico de influencias.

"Vaciamiento de las cuentas"

Según el juzgado de Palma, Cristina de Borbón ayudó a Iñaki Urdangarín a "vaciar las cuentas" del instituto librando facturas por servicios falsos y camuflando gastos personales. Entre ellos, fiestas infantiles para los hijos, un safari en África y el catering de su cumpleaños.

El abogado de la Infanta, Jesús María Silva, lamentó durante la primera jornada del juicio que la apertura de causa contra la Infanta "significaría una vulneración en sus derechos fundamentales que removería de sus tumbas a los grandes juristas españoles". 
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