La Generalitat seguirá adelante con la Hacienda catalana pese al TC
El ejecutivo catalán no prevé prescindir de los funcionarios de la Agencia Tributaria que trabajan en el cuerpo de técnicos tributarios del Govern. El recurso ahora aceptado alerta sobre la vulneración del principio de igualdad que implica la norma
El gobierno catalán no está dispuesto a dar marcha atrás en algunos de los puntos impugnados este jueves por el Tribunal Constitucional. En concreto, la Generalitat continuará adelante con el funcionamiento actual de la conocida como Hacienda catalana, confirman a Economía Digital fuentes próximas al ejecutivo.
La administración tributaria catalana integra desde hace tiempo a funcionarios públicos del Estado en diferentes labores de recaudación fiscal traspasadas a las autonomías. Así se contempla además en la Ley 3/2015 que oficializaba la Agencia Tributaria de Catalunya. Varios puntos de esta norma han sido ahora tumbados, supuestamente de manera definitiva, por el Constitucional.
Hay que recordar que las normas anuladas este jueves ya habían sido suspendidas cautelarmente en septiembre de 2015, cuando el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy fue admitido a trámite.
Integración de funcionarios
El centro de la discordia está en el artículo 4 de la ley impugnada, que prevé la «integración voluntaria» de funcionarios de la Agencia Tributaria española en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalitat.
En opinión del ejecutivo central este punto vulnera el acceso en condiciones de igualdad al cuerpo de funcionarios públicos, tal y como está previsto en la Constitución y el estatuto de los trabajadores.
En el recurso que el Constitucional ha aceptado se argumenta que esta ley se vulnera el derecho «por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes».
«Magnífica noticia»
El paso dado este jueves por el alto tribunal de manera unánime ha sido recibida con cierta sorna por el gobierno de Puigdemont, que ha calificado la medida de «magnífica noticia». Una reacción idéntica a la que se produjo en el momento en que el Constitucional redujo considerablemente las funciones de la consejería de Exteriores catalana.
