Castellví, durante su declaración en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo
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El comisario Castellví explica que la policía catalana pidió dos veces a Puigdemont que desconvocara el referéndum porque preveía una escalada de violencia

Barcelona, 07 de marzo de 2019 (19:14 CET)

Los Mossos d'Esquadra advirtieron en dos ocasiones al gobierno de Carles Puigdemont del peligro de que la jornada del 1-O derivara en una escalada de violencia, pero se encontraron ante una pared.

Así lo relató este jueves en el Tribunal Supremo el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Manuel Castellví, responsable de un informe elaborado el 28 de septiembre de 2017, tres días antes del referéndum, para convencer a la Generalitat del alto riesgo que comportaba la convocatoria.

A Puigdemont, tanto el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, como el exnúmero dos de Interior José Antonio Nieto trataron de persuadirle ese mismo día de que desconvocara el referéndum en una junta de seguridad convocada por el propio president y que Nieto calificó el pasado lunes de "surrealista".

La cúpula de los Mossos, con el mayor Josep Lluís Trapero al frente, ya lo habían intentado también dos días antes, según la prefectura de la policía catalana le explicó a Castellví, al que le pidió un informe para insistir en la idea. 

La preocupación de los Mossos

La "grave preocupación" de los Mossos era que, pese a que los llamamientos a participar en la consulta estaban planteados en términos pacíficos, la elevada participación, las órdenes de la fiscalía a los cuerpos policiales de tratar de impedir la votación y la posible infiltración de sectores radicales —o "independentistas revolucionarios", en los términos manejados por la policía catalana— suponían un cóctel altamente inflamable.

De hecho, el informe, que consta en el sumario, advertía que los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR) podían desarrollar "una práctica combativa" en caso de actuaciones policiales contundentes para impedir el referéndum.

Según Castellví, que no asistió a la reunión del 26 pero sí a la del 28, del primer encuentro los mandos policiales "salieron igual que entraron". Al segundo, por parte de la Generalitat asistieron tanto Puigdemont como el vicepresident, Oriol Junqueras, y el conseller de Interior, Joaquim Forn.

Puigdemont hace oídos sordos

La representación policial, encabezada por el meyor de los Mossos, incluía, además de a Castellví, al segundo de Trapero, Ferran López; y a los comisarios Juan Carlos Molinero y Emilio Quevedo. Todos ellos trataron de persuadir a los dirigentes políticos del riesgo que comportaban las declaraciones que varios miembros del Govern, el propio Forn entre ellos, estaban transmitiendo respecto al 1-O, con llamadas a participar transmitiendo el mensaje de que se trataría de una jornada electoral normal, pese a la peligrosidad pronosticada por la policía catalana. 

Según el testigo, el conseller de Interior no habló. Sí lo hizo Junqueras, que dejó claro que entendía la postura policial pero que el gobierno tiraría adelante con la votación. Y, tras él, tomó la palabra Puigdemont, que "dijo que comprendía la situación pero que había un mandato del pueblo y una decisión del gobierno de llevarlo a cabo". 

Autocrítica

Castellví dice que salió de esa reunión "frustrado" y que tanto ellos como los demás cuerpos policiales cometieron errores en el análisis de riesgos, porque a todos les desbordó la respuesta a la convocatoria.

En todo caso, esa previsión de los Mossos es también un argumento para justificar el plan de actuación que desplegaron, y que consistía en limitarse a enviar parejas de agentes a cada uno de los centros, lo que motivo que el coordinador del operativo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos considerara que habían optado por la inacción y les sustituyera con efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Castellví fue más lejos en la autocrítica y consideró impropio el comportamiento de algunos agentes de la policía catalana que se enfrentaron a policías nacionales y guardias civiles a las puertas de algunos centros de votación.

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