Florentino Pérez (ACS) arranca los primeros pagos a Perú por el Metro de Lima mientras sigue el pulso de los 450 millones
El Estado peruano transfirió en enero más de 24 millones de euros a la concesionaria, pero la disputa se extenderá previsiblemente hasta finales de 2026
Montaje realizado por Economía Digital.
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El interminable litigio entre el consorcio liderado por ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, y el Estado peruano en torno a la Línea 2 del Metro de Lima ha registrado un movimiento significativo en las primeras semanas de 2026: los primeros pagos parciales vinculados al laudo arbitral del CIADI han llegado a las cuentas de la concesionaria, según ha podido conocer este medio.
Una señal de que algo se mueve, aunque lejos aún de poner fin a una batalla legal que se prolonga desde 2017 y que amenaza con extenderse, al menos, hasta finales del año en curso.
Según la información disponible, el 7 y el 12 de enero de 2026 ingresaron en las cuentas de la Concesionaria dos transferencias: cinco millones y 19 millones de euros, respectivamente.
El Gobierno peruano indica que los conceptos abonados correspondían a sobrecostos derivados de instrucciones de cambio de diseño impartidas por el propio Estado. Los fondos fueron trasladados en la misma fecha al Consorcio EPC, el brazo ejecutor de las obras.
Sin embargo, la aparente normalidad de estos pagos esconde una disputa de fondo. La Concesionaria ha identificado diferencias tanto en la imputación de los pagos como en los conceptos incluidos por el Estado peruano, lo que abre un nuevo frente de controversia técnica que podría complicar aún más la liquidación definitiva del laudo.
Estos primeros pagos, aunque relevantes como señal de voluntad de cumplimiento parcial, representan una fracción menor del total en el laudo arbitral dictado en marzo de 2024.
El tribunal del CIADI concluyó entonces que Perú había incurrido en incumplimientos contractuales —principalmente por retrasos en la entrega de terrenos y en la aprobación de estudios técnicos— y fijó una indemnización que, sumados intereses y costas, ronda los 456 millones de dólares.
De esa cifra, Lima ya había abonado 106 millones con anterioridad, correspondientes a daños financieros y parte de los gastos procesales.
Con los nuevos ingresos de enero —cercanos a los 25 millones de euros— la deuda pendiente sigue siendo muy sustancial, situada en el entorno de los 300 a 350 millones de dólares.
Mientras se producen estos pagos parciales, el frente judicial sigue abierto con toda su intensidad. Con fecha 26 de febrero de 2025, Perú presentó ante el CIADI una Solicitud de Anulación del Laudo que abarca los daños bajo protesto, los daños de construcción, los intereses pre y post laudo sobre cada uno de ellos, y la condena en costas.
El 7 de enero de 2026, el Comité Ad Hoc del Tribunal de Anulación rechazó la petición del Gobierno peruano de suspender el procedimiento de anulación hasta que se resolviera el proceso paralelo de revisión del laudo que también está en marcha.
Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas: Perú quedó obligado a presentar su Memorial de Anulación el 23 de enero de 2026, plazo que, según las fuentes consultadas, cumplió en tiempo y forma. Ahora le corresponde a la Concesionaria presentar su Memorial de Contestación el 23 de mayo de 2026.
Las estimaciones apuntan a que el Tribunal Ad Hoc no emitirá su decisión definitiva sobre la anulación hasta alrededor del 31 de diciembre de 2026, lo que significa que el litigio se extenderá, como mínimo, a lo largo de todo este año.
ACS mantiene la presión, Perú gana tiempo
Para ACS y sus socios en el consorcio —entre los que figuran también FCC y compañías italianas—, el escenario es agridulce. La constructora española cuenta con un laudo favorable que reconoce sus derechos, ha logrado arrancar los primeros pagos parciales y mantiene la presión jurídica a través del procedimiento de anulación en curso.
Pero el tiempo corre en su contra. Cada mes que pasa es un mes más de intereses acumulados, de recursos legales consumidos y de incertidumbre para los accionistas de un proyecto que ya acumula más de nueve años de disputas desde que se presentó la demanda inicial en 2017.
La constructora llegó a activar mecanismos de ejecución del laudo en jurisdicciones internacionales como Luxemburgo, cuyo marco legal es especialmente propicio para el embargo de laudos arbitrales. Esa presión, combinada con la amenaza de bloquear activos del Estado peruano en el exterior, fue en parte lo que aceleró los movimientos en Lima para buscar una solución negociada.
El origen de todo el conflicto se remonta precisamente a los retrasos estructurales que ha sufrido la Línea 2 del Metro de Lima, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y complicados de la historia reciente del país.
Para Florentino Pérez y ACS, los primeros pagos de enero son una victoria parcial y un reconocimiento implícito de que Perú no puede ignorar indefinidamente el laudo. Pero con 300 millones de dólares todavía en el aire y un fallo de anulación que no llegará antes de finales de 2026, la partida está muy lejos de cerrarse.
