ACS (Florentino Pérez) da por hecho que esquivará las sanciones por el cártel que amañó obras de la Xunta

ACS mira con optimismo hacia la Audiencia Nacional. El grupo que preside Florentino Pérez está pendiente de la Sala de lo Contencioso para resolver una pugna con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que le impuso una multa de 57,1 millones en julio de 2022 por formar parte de un supuesto cártel para amañar concursos de obra pública. No fue exactamente a la matriz del grupo a la que sancionó el superregulador, sino a Dragados, una de las filiales de la mayor constructora española , que encajó la cuantía más elevada de los teóricos integrantes del cártel: FCC recibió una multa de 40,4 millones; Ferrovial, de 38,5 millones; Acciona, de 29,4 millones; OHLA, de 21,5 millones; y Sacyr, de 16,7 millones.

Dragados no tuvo que abonar los 57,1 millones todavía , pues la Audiencia Nacional decretó la suspensión cautelar del pago en 2023 a cambio de que la compañía depositara una garantía, el procedimiento habitual en estos casos y que se aplicó también al resto de sancionadas. Más allá del dinero, la empresa se enfrenta también a una posible prohibición de contratar con las administraciones públicas, en caso de que quedasen avalados judicialmente los intercambios de información sobre las licitaciones y la concertación de ofertas.

A pesar de ello, el equipo jurídico de Florentino Pérez encara la fase final del litigio con buenas perspectivas, según dicen, pues aseguran que la multa es «desproporcionada» e «injustificada», y que la posibilidad de que el procedimiento judicial genere un impacto negativo significativo en la compañía es «remota». La memoria anual de ACS explica que, «en opinión de Dragados y de sus asesores externos, la actuación sancionada no es ilícita y no restringió la competencia, y además, la multa se considera desproporcionada y carente de justificación«. «La dirección del grupo estima remota la posibilidad de que la resolución final de este asunto pueda tener un efecto significativo contra el grupo», añade.

El documento también detalla que la Audiencia Nacional se ha pronunciado sobre las pruebas solicitadas, admitiendo los oficios solicitados a los organismos públicos para que aporten la documentación de la apertura de las licitaciones investigadas. También se ha procedido al señalamiento de la ratificación del perito de Dragados, que está prevista para finales de este mes, el día 30 de abril.

El G7 y Galicia

Los algo más de 200 millones en multas impuestas por Competencia parten de una investigación sobre los intercambios de información del denominado G7, el grupo de constructoras integrado por los seis grupos sancionados y por la desaparecida Isolux-Corsan. Según la entidad que preside Cani Fernández, se reunían semanalmente y decidían los concursos en que iban a compartir una parte o la totalidad de los trabajos que
compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. «Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo», señaló en su momento la CNMC. También compartían información sensible sobre las licitaciones a las que presentarían oferta o si lo harían en UTE y cuáles serían los miembros de la alianza.

El G7 operó entre 1992 y 2017, cuando «manifestaron expresamente» que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. En ese periodo, el supuesto cártel afectó a un gran número de licitaciones y administraciones, con especial incidencia en las del Ministerio de Fomento (ahora de Transportes). Entre 2008 y 2017, por ejemplo, los integrantes del G7 se llevaron el 45% de la obra pública que superaba los 10 millones de euros.

En el expediente de la CNMC también figuran contratos de la Xunta afectados por los acuerdos colusorios. Por ejemplo, la construcción de la Autovía do Barbanza; la conexión por carretera del Puerto Seco de Monforte; urbanizaciones de la Plisan, los juzgados de Santiago y A Coruña; o la depuradora de O Grove, entre otras actuaciones. A esto hay que sumar grandes contratos del AVE a Galicia, que sumarían más de 500 millones solo con los que recoge el expediente, que no es exhaustivo en el listado.

La teoría de FCC: ahorró dinero público

Lo de ver el futuro en positivo no es exclusivo de la mirada de ACS. FCC o Ferrovial también tienen el optimismo en los ojos. Las constructoras creen que saldrán airosas de las sanciones, incluso que las prácticas investigadas y penalizadas por Competencia han sido positivas para las arcas públicas. Así lo dejó por escrito el grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz y que tiene como mayor accionista al mexicano Carlos Slim, uno de los competidores de Amancio Ortega en el ranking de las grandes fortunas y ocasional turista de la localidad ourensana de Avión por invitación del fallecido Olegario Vázquez Raña.

«El grupo considera que la conducta objeto de sanción no solo no infringe ningún precepto (incluyendo los contenidos en la ley de competencia) sino que además es una conducta que ha contribuido a una mayor eficiencia y ahorro en los costes de las licitaciones«, asegura FCC en su informe de cuentas consolidado del ejercicio de 2025. Ferrovial no va tan lejos, pero sí que indica que el resultado del litigo «no será desfavorable», por lo que decidió no provisionar importe alguno en relación a la multa de 40,4 millones.

OHLA y Sacyr no hacen valoraciones respecto al resultado del proceso, sino un resumen descriptivo de la situación, que en todos los casos está a la espera de la resolución de la Audiencia Nacional y, cuando proceda, del Tribunal Supremo.