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Florentino Pérez pierde en la Audiencia Nacional y se queda sin sobrecostes en una obra de 100 millones del AVE a Galicia
La construcción de la plataforma del tramo Prado-Porto en Ourense, liderada por una filial de ACS, necesitó de cinco ampliaciones de plazo para su ejecución y tardó el doble de los meses previstos en el contrato, lo que llevó a la UTE a reclamar sin éxito más de ocho millones en sobrecostes
Florentino Pérez, presidente de Grupo ACS / Europa Press
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Una de las filiales de cabecera de ACS en la competición por los contratos de obra pública española, Vías y Construcciones, ha tropezado dos veces en la misma piedra a la hora de reclamar los sobrecostes de una obra de 104 millones del AVE a Galicia. Se trata de la plataforma del tramo Prado – Porto, en la provincia de Ourense, y que conllevaba la ejecución del túnel de Prado, de más de siete kilómetros; del túnel de Corga de Vela y del viaducto de Portela. La actuación liderada por la empresa del grupo de Florentino Pérez, aliada con la valenciana Torrescámara y la andaluza Vimac, sorteó múltiples dificultades geológicas, cambió las técnicas constructivas previstas tras una modificación del proyecto, y encadenó ampliaciones de plazo ante la inestabilidad del macizo cada vez que era importunado.
El plazo previsto para la ejecución era de 34 meses y debía finalizar en mayo de 2015. Fueron ensoñaciones del papel. Los trabajos sobre la piedra se extendieron durante casi 79 meses y terminaron en enero de 2019. En el desarrollo del contrato se aprobaron cinco ampliaciones de plazo y se produjeron dos suspensiones temporales, una parcial y otra total. Todo para hacer frente al squeezing, una deformación del contorno por desplazamiento de material durante la excavación, problema al que era especialmente sensible la falla de Laza.
A más tiempo moviendo tierra, más gasto. Y como sucedió en tantas obras de la red ferroviaria, Vías, Torrescámara y Vimac reclamaron los sobrecostes a Adif, que a cierre de 2024 tenía 655 millones provisionados por procesos judiciales similares instados por contratistas. En lo que atañe a la plataforma ourensana, todo apunta a que podrá liberar algo de ese importe, pues la Audiencia Nacional ya rechazó dos veces, en 2020 y ahora en 2025, las peticiones de la empresa de Florentino Pérez y sus aliados.
Más de ocho millones
La UTE achacó a Adif que la variación del proyecto acometida a partir de 2016, cuando se paraliza totalmente la obra por el squeezing, supuso un cambio que iba más allá de los inconvenientes geológicos previstos y que «afectó a la totalidad del conjunto de prescripciones del proyecto básico». Además, dice que el gestor de infraestructuras ferroviarias supo que debía modificar el contrato por aparición del squeezing en 2013, pero que tardó dos años en emitir un nuevo borrador y no fue hasta agosto de 2017 cuando aprobó el nuevo plan constructivo.
Las empresas señalaron también que el nuevo proyecto estaba indefinido en algunos aspectos, pues incluía la ejecución de los falsos túneles de Corga de Vela y del emboquille este del túnel de Prado, pero no se especificaban las transiciones entre el túnel de mina (subterráneo) y el falso túnel (artificial), lo que provocó nuevos retrasos por la aparición de grietas en el talud de tierra del túnel de Corga.
Obras del tramo Prado – Porto del AVE a Galicia / Vías y Construcciones
En definitiva, las constructoras culpan a Adif de los retrasos que encadenó la obra, incrementando los costes, y de modificar el proyecto no solo por los problemas geológicos de los que ya advertía el pliego inicial, sino porque sus fundamentos técnicos eran inadecuados. «En la documentación justificativa para la aprobación del proyecto modificado, se reconocían graves deficiencias del proyecto inicial«, argumentó la UTE.
En base a esto, la alianza liderada por ACS presentó varias reclamaciones ordenadas en base a los periodos en los que se pararon los trabajos y se generaron retrasos. En 2020, la Audiencia Nacional rechazó una reclamación de las empresas de 6,6 millones, y ahora, en una sentencia del pasado 27 de octubre, hace lo mismo con otra de 1,7 millones.
La UTE aceptó el nuevo proyecto
La Sala de lo Contencioso asume plenamente el razonamiento de la sentencia previa de 2020 y desestima el recurso presentado por la UTE por un periodo y un importe diferente. La negativa a culpar a Adif de los sobrecostes se fundamenta, principalmente, en dos cuestiones. Por un lado, en que «resulta acreditado que la existencia de potenciales problemas geológicos, veladamente el squeezing, estaba potencialmente sugerida en el proyecto inicial». «El hecho de que en la ejecución de la obra se mostrara este problema con gran intensidad llevando a la paralización de las obras, no implica que Adif debe asumir responsabilidad por ello», dice la resolución judicial. La falla de Laza jugó una mala pasada al equipo de Florentino Pérez, que tuvo que renunciar a la tuneladora y cambiar el plan de excavación.
Por otra parte, los magistrados razonan que «la definición realizada en el proyecto modificado fue esencialmente coincidente con lo acordado en reuniones entre las partes del contrato celebradas en octubre y noviembre de 2014 y diciembre de 2015, por lo que difícilmente puede hablarse de indefinición técnica de los trabajos autorizados». Señala pues, que las empresas conocieron, acordaron y aceptaron el nuevo proyecto. La UTE replicaba en su recurso que lo hizo con afán «colaborador» y sin «renunciar a sus derechos», concretamente, al de reclamar los sobrecostes, pero tampoco ese argumento le valió de nada. Al menos hasta ahora, ya que la sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
