Reunión clave entre Xunta y sector del juego sobre el futuro de 6.500 máquinas instaladas en los bares

Ageo, la Asociación Gallega de Empresas Operadoras, celebró su asamblea general la pasada semana en un ambiente de preocupación por la inseguridad jurídica del juego presencial, que está pendiente del desarrollo del reglamento que prevé la Lei do Xogo de Galicia para tener más garantías de estabilidad. Las empresas del sector, 250 que generan unos 10.000 puestos de trabajo entre directo e indirectos, están inquietas especialmente por la situación de las máquinas de juego en la hostelería, unas 6.500 terminales en toda Galicia, que requieren de un periodo prolongado de actividad para poder amortizar la inversión que supone instalarlas. Y esta es una de las claves del contexto regulatorio actual, pues a entender de la patronal, no hay seguridad sobre el cumplimiento del contrato que firman con los hosteleros. Por tanto, tampoco sobre la recuperación de la inversión.

Este es un tema central de la reunión que mantendrán representantes de Ageo con la Consellería de Facenda este miércoles, un encuentro con David Cabañó, el secretario xeral del departamento que dirige Miguel Corgos, para abordar el estado de tramitación del reglamento del juego o el calendario para la puesta en funcionamiento del Observatorio Galego do Xogo y de la Comisión de Xogo de Galicia, instrumentos previstos en la ley pero todavía pendientes de echar a andar.

La inseguridad jurídica

El presidente de Ageo, Víctor Mato, explica que las máquinas de juego instaladas en cafeterías requieren de una inversión próxima a los 7.000 euros, por lo que necesitan de un ciclo de tiempo para su amortización. La normativa establece que los contratos con los hosteleros se pueden firmar de entre 5 años y un máximo de 15, pero actualmente no hay garantía de que no pueda ser rescindido anticipadamente por una de las partes. Esto, asegura, va a parar las inversiones debido a la inseguridad jurídica que representa.

«Las empresas operadoras, cualquier infracción que cometan, es considerada muy grave, incluso aunque sea algo de carácter administrativo como la falta de un papel se puede sancionar con hasta 18.000 euros, con lo que tiene un claro carácter disuasorio», señala el empresario. A pesar de esta fiscalización, en el sector sienten que se traslada una imagen de ellos negativa, mucho más que cuando se trata de otro tipo de juego, como puede ser la Lotería de Navidad o la Once. «Somos hipercumplidores, las empresas han demostrado un rigor exhaustivo», defiende.

Lo que piden ahora es que «se cumpla lo que hayan pactado las partes», es decir, hostelero y operadora, sin que ninguno pueda resolver el contrato sin unos mínimos plazos.

La evolución de las máquinas

Además, señala que hay asuntos por definir respecto a las posibilidades que ofrecen las terminales y que solicitarán que se «facilite» una evolución de estos equipos. Ahora mismo, según señala, no se puede jugar con tarjeta de crédito o débito y solo se permiten monedas o billetes de hasta 20 euros. A su entender, hay un desacople entre los medios de pago que utilizan los ciudadanos y las posibilidades que ofrecen las máquinas.

«Tenemos la esperanza de que se piense en positivo», señala Víctor Mato respecto a la reunión de este miércoles. Afirma que cada tres instalaciones en cafeterías se genera un puesto de empleo, de manera que las 6.500 máquinas actuales estarían sosteniendo más de 2.000.

Sportium, Orenes y Reta

En la asamblea de Ageo, celebrada el 5 de diciembre, Mato insistió en la «unidad» del sector para afrontar un momento que consideran «decisivo». A la reunión asistieron representantes de compañías relevantes de las apuestas deportivas, como Sportium, Versus (Grupo Orenes) y Reta, además de operadores gallegos de zonas como Costa da Morte, Ferrolterra o Ourense que no se encuentran integrados en la asociación. Del encuentro salió el mensaje a la Xunta que ahora reiteran, la «imprescindible necesidad de una estabilidad mínima a la inversión realizada en un
establecimiento, respetando los derechos de las partes en igualdad de condiciones».