Grupo Monbus alegó que era «simbólico» y «carente de utilidad» sancionarla por el cártel con Alsa

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La Comisión Galega da Competencia sancionó a 21 empresas de Monbus y Alsa por repartirse adjudicaciones de la mayor licitación de transporte de la Xunta, las líneas regulares de viajeros por carretera, presupuestada en dos fases en los años 2019 y 2020 con más de 700 millones, 497 millones en los lotes repartidos en 2019 y 237 millones en los de 2020. El organismo que preside Ignacio López-Chaves impuso una batería de multas que alcanzan los 1,6 millones a las distintas filiales de las compañías que participaron en la segunda fase del concurso, e incluye a la matriz Grupo Autocares Monbus, que detenta la participación mayoritaria del grupo gallego. Además, Competencia fijó la prohibición de contratar a las empresas sancionadas durante un año en licitaciones de la Xunta de transporte regular de viajeros por carretera. A la espera de los tribunales, es un desenlace inesperado de un caso que la entidad gallega de competencia archivó y que fue obligada a reabrir por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La resolución del pleno, del pasado 9 de diciembre, comprende también las alegaciones presentadas por ambas empresas, incluidas las de Grupo Autocares Monbus, que ejerce como una sociedad de cartera y que no se había presentado al concurso. Reviste esta última un especial interés, pues la desestimación de sus argumentos anticipa lo que puede suceder en el concurso de las líneas de bus escolar, donde también está siendo investigada, en caso de que Competencia considere probado que hubo prácticas colusorias.

La inclusión de Grupo Autocares Monbus está justificada, según la entidad, al encontrar «la existencia de una influencia decisiva, dominante y determinante» sobre las empresas licitadoras, basada en vínculos «económicos» y «organizativos» entre ambas. Señala, por ejemplo, que Raúl López es consejero delegado de Grupo Autocares Monbus y administrador único de todas las empresas que forman parte de la compañía de transporte. Esta sociedad funciona como prestadora de servicios y, a su vez, controla el 66% de Transmonbus, que es el grupo de consolidación del conglomerado de Raúl López. Una alegación similar presentaron estas mismas sociedades respecto a la investigación por las líneas del bus escolar, que todavía no está resuelta.

Una sanción ‘inútil’

Grupo Monbus esgrimió otros dos argumentos para quedar fuera de las sanciones, que en el apartado económico es poco significativa (3.550 euros), pero que incluye también el veto de un año en los contratos de la Xunta. El primero es que, a su juicio, la prohibición de contratar es una restricción simbólica que ni es ejemplarizante ni sirve para ningún fin, toda vez que esta empresa, tenedora de participaciones y prestadora de servicios intragrupo, no opera en el mercado. Dice Grupo Autocares Monbus que es una sanción «simbólica carente de utilidad».

Además, añade que esta prohibición «dañará aún más» la reputación de Monbus, quedando registrada y siendo de carácter público, lo que puede afectar a sus relaciones con terceros e incluso llegar a provocar la exclusión en otros ámbitos por apreciaciones erróneas del alcance de dicha prohibición.

Competencia responde casi de manera irónica al señalar que ese argumento sugiere que «debe entonces ampliarse esa prohibición a todo tipo de contratos con la Administración para lograr esa utilidad que predican los alegantes», aunque opta por mantenerlo tal y como está.

El problema de las UTEs

Más allá de la matriz, el meollo de la sanción por cártel estaba en las alegaciones presentadas por las distintas filiales que, estas sí, entraban en el fondo del asunto. Hubo también diversos argumentos, desde el cambio de criterio de Competencia tras el rapapolvo judicial que, a entender del grupo de Raúl López, vulneró el principio de seguridad jurídica y generó indefensión, hasta la posible prescripción de las conductas sancionadas. El principal asunto de debate, sin embargo, tiene que ver con la conformación de las UTEs con Alsa, que son el motivo principal de que la entidad considere que hubo un reparto de mercado en cinco de los lotes del concurso.

Monbus argumentó que el organismo realizó un «análisis erróneo y arbitrario de la necesidad objetivo de concurrir en UTE, de las eficiencias generadas y de su razonabilidad empresarial». Además, sostuvo que Competencia no prueba la existencia de un cártel ni de una infracción por objeto o por los efectos, ya que la falta de necesidad de presentarse a los lotes en alianza con Alsa no supone, de manera automática, una infracción y mucho menos la conformación de un cártel.

La entidad que preside Ignacio López-Chaves defiende, sin embargo, que Monbus y Alsa son competidoras directas en el mercado, que no tenían necesidad de presentarse conjuntamente pues tenían capacidad económica y medios para optar a los lotes en solitario, y que de su colaboración no se derivaron efectos beneficiosos para los usuarios, sino al contrario. Añade que la alianza «no tenía otra finalidad que la de conseguir repartirse entre ellas los cinco lotes más rentables de la licitación del Plan de Transporte Público de Galicia, con la finalidad de seguir explotando las concesiones que hasta la fecha explotaba cada uno de estos grupos sin los riesgos que implicaría tener que competir entre ellos en esas licitaciones».