Perú frena a Florentino Pérez (ACS): El CIADI congela el proceso por el Metro de Lima y da oxígeno al Gobierno
Montaje realizado por Economía Digital.
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El conflicto entre ACS y la República del Perú vuelve a girar a favor del Estado hispanoamericano. El CIADI ha dictado una nueva orden procesal que congela el proceso de anulación del laudo arbitral relativo a la Línea 2 del Metro de Lima y, con ello, bloquea cualquier intento inmediato de ejecución forzosa por parte del consorcio liderado por la compañía presidida por Florentino Pérez.
La decisión supone un balón de oxígeno para el Gobierno peruano, que gana tiempo en un litigio de alto voltaje económico, político y reputacional.
El consorcio internacional, integrado por ACS, FCC y socios italianos, contaba desde marzo de 2024 con un laudo favorable que reconocía parcialmente sus reclamaciones frente al Estado peruano.
El tribunal arbitral concluyó que Perú incurrió en incumplimientos contractuales, principalmente por los reiterados retrasos en la entrega de terrenos y la aprobación de estudios técnicos necesarios para la ejecución de uno de los mayores proyectos de infraestructura del país.
La indemnización fijada ascendía a 456 millones de dólares, incluidos intereses y costas, aunque Lima solo abonó 106 millones, correspondientes a daños financieros y parte de los gastos procesales.
El impago del resto —en torno a 350 millones de dólares— llevó a ACS a activar mecanismos de ejecución en distintas jurisdicciones, entre ellas Luxemburgo, donde el marco legal es especialmente favorable para el reconocimiento y embargo de laudos internacionales.
Sin embargo, el Gobierno peruano reaccionó con rapidez y presentó una solicitud de anulación ante el CIADI, acompañada de una petición de suspensión de la ejecución del laudo, lo que en la jerga arbitral se conoce como ‘stay of enforcement‘. El organismo aceptó provisionalmente esta suspensión en noviembre de 2025.
La novedad ahora es que el CIADI ha ido un paso más allá. El pasado 7 de enero de 2026, el Comité ad hoc designado para estudiar la anulación emitió la Orden Procesal nº 2, por la que acepta la solicitud de Perú de suspender no solo la ejecución del laudo, sino el procedimiento de anulación en su conjunto.
En la práctica, el caso queda en pausa indefinida, y con él cualquier amenaza inmediata de embargo sobre activos del Estado peruano.
Detrás de esta decisión puede haber una razón clave: la existencia de negociaciones en curso en Lima.
El tribunal ha valorado que ambas partes están explorando la firma de una adenda al contrato de concesión para desbloquear la obra del Metro de Lima, que sigue acumulando retrasos y sobrecostes.
Para el Gobierno peruano, el impacto es evidente. La orden del CIADI le permite evitar, al menos temporalmente, una salida de caja de más de 300 millones de dólares en un contexto de presión fiscal y volatilidad económica.
Además, refuerza su posición negociadora frente a ACS y sus socios, al trasladar el foco desde los tribunales internacionales a la mesa de negociación.
Para ACS, en cambio, el escenario es más incómodo. La compañía mantiene intacto su derecho reconocido en el laudo, pero ve cómo el factor tiempo juega en su contra. La constructora española había presionado para levantar la suspensión y reactivar los embargos, pero el CIADI ha desoído esa petición, según fuentes consultadas.
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando el consorcio presentó la demanda alegando que los incumplimientos del Estado habían provocado demoras estructurales y un fuerte incremento de los costes del proyecto.
Aunque inicialmente la reclamación rondaba los 200 millones de dólares, los intereses acumulados y los gastos procesales han elevado la factura potencial hasta el entorno de los 300 millones.
ACS ve como el laudo se alarga más de nueve años
Nada de esto implica, sin embargo, que el litigio esté cerca de resolverse. La anulación del laudo podría tardar en resolverse hasta 2026 o incluso más allá, y todo dependerá de si las negociaciones fructifican.
Por ahora, la batalla se traslada de los despachos de abogados a las mesas políticas y técnicas en Lima.
El marcador apunta a un empate técnico, pero con una victoria parcial clara para Perú: tiempo.
Un recurso tan valioso como el dinero en una disputa que amenaza con convertirse en uno de los casos de arbitraje internacional más relevantes de los últimos años en el sur de América.
