Malas noticias para Florentino Pérez (ACS): El CIADI frena el embargo a Perú de 315 millones
El CIADI prolonga la incertidumbre: Perú mantiene su defensa ante el embargo millonario solicitado por ACS, mientras el proceso de anulación del laudo continúa en los tribunales internacionales
Montaje realizado por Economía Digital.
Comentarios
La batalla legal entre ACS, presidida por Florentino Pérez, y el Estado peruano sigue su curso, y las últimas noticias no son favorables para la constructora. Según ha confirmado una fuente de la Embajada de Perú a este medio, el CIADI ha decidido mantener la suspensión de la ejecución del laudo arbitral que ordena el pago de 315 millones de dólares por parte del Gobierno peruano a ACS.
Esta resolución prolonga aún más una disputa legal que lleva años en los tribunales y que amenaza con extenderse por más tiempo.
El litigio, que involucra el megaproyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, se remonta a 2017, cuando la concesionaria, en la que ACS participa junto con FCC y otras compañías, presentó una demanda contra el Estado peruano alegando incumplimientos en la entrega de terrenos y la aprobación de estudios técnicos.
Estos retrasos habrían provocado sobrecostos y demoras significativas en la ejecución de la obra, que ha sido uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la región en los últimos años.
El CIADI, dependiente del Banco Mundial, emitió un laudo en marzo de 2024, en el que se otorgaba parcialmente la razón a la concesionaria, fijando una indemnización de 456 millones de dólares, más intereses.
Sin embargo, el Estado peruano solo abonó una pequeña parte de esa cantidad: 106 millones de dólares, correspondientes a daños financieros y parte de las costas procesales.
El resto, aproximadamente 350 millones de dólares, se mantiene impago, lo que llevó a ACS a activar mecanismos de ejecución forzosa en jurisdicciones como Luxemburgo, donde las reglas favorecen la ejecución de laudos internacionales.
Este proceso de embargo, que comenzó en febrero de 2025, se detuvo temporalmente debido a una solicitud de anulación presentada por el gobierno peruano ante el CIADI.
En esta solicitud, Perú argumenta que ciertas reclamaciones de la concesionaria, como los sobrecostos y las compensaciones, carecen de fundamento técnico y jurídico.
En paralelo, Perú solicitó la suspensión total de la ejecución del laudo mientras se resuelve la anulación, lo que fue aceptado provisionalmente por el CIADI en marzo de 2025.
La reciente confirmación de la suspensión por parte del CIADI, a pesar de las demandas de ACS por reactivar el embargo, representa un revés para la multinacional española.
Esta decisión refuerza la posición del Gobierno peruano, que continúa defendiendo que el pago completo de la indemnización es injustificado, y da tiempo para que el proceso de anulación del laudo avance.
No obstante, este fallo no significa que el conflicto esté cerca de resolverse. Aunque Perú ha logrado un respiro en esta etapa, la resolución definitiva sobre la anulación parcial del laudo no se espera antes de 2026.
El impacto de esta disputa va más allá de las cifras económicas. Este enfrentamiento legal se ha convertido en un asunto de alta relevancia política y económica, tanto para Perú como para ACS.
Para el Gobierno peruano, una condena definitiva que obligue al pago completo de la indemnización de más de 300 millones de dólares podría resultar en un golpe a su credibilidad internacional, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.
ACS y Perú, el cuento de no acabar
Con el futuro del Metro de Lima aún en el aire y sin una fecha clara para el final de la controversia, el conflicto podría prolongarse por varios años más.
En este contexto, el pronunciamiento definitivo del CIADI sobre la anulación del laudo y la ejecución del embargo será clave para definir la dirección de la disputa y las repercusiones que tendrá en las relaciones comerciales entre Perú y las grandes constructoras internacionales.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y el enfrentamiento legal continúa sumando capítulos que mantienen en vilo tanto a los actores involucrados como a quienes observan el caso desde fuera.
El conflicto no está cerca de su resolución, pero la batalla judicial está muy lejos de ser olvidada, y las decisiones que se tomen en los próximos años podrían tener repercusiones importantes para el futuro de las infraestructuras en América Latina y el sistema de arbitraje internacional en general.
