Prórroga de las medidas económicas post-pandemia y extensión de los préstamos de la seguridad social
El Gobierno español amplía hasta 2026 la suspensión de la disolución por pérdidas empresariales y prorroga los plazos de devolución de importantes préstamos a la Seguridad Social
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El Gobierno ha anunciado la extensión de medidas clave para la recuperación económica afectada por la pandemia de Covid-19 hasta 2026, incluyendo la suspensión de la disolución de empresas por acumulación de pérdidas y la ampliación del plazo para la amortización de préstamos significativos a la Seguridad Social.
Continúa la asistencia a empresas afectadas por la pandemia
Con el objetivo de evitar la desaparición de empresas viables, pero afectadas por la crisis sanitaria, el Gobierno ha extendido la suspensión de la causa de disolución por pérdidas de los años 2020 y 2021. Esta medida, inicialmente instaurada durante los momentos más críticos de la pandemia, permitirá un periodo más amplio para que las empresas puedan recuperarse financieramente.
Esta extensión, detallada en el Boletín Oficial del Estado, indica que las pérdidas de los mencionados ejercicios no serán consideradas para la disolución de las empresas hasta 2026, permitiendo así una absorción gradual de las mismas. No obstante, los balances de los años 2022 a 2026 seguirán bajo observación y podrían influir en decisiones futuras respecto a la disolución empresarial.
Ampliación en la cancelación de préstamos a la Seguridad Social
En una medida paralela, el Consejo de Ministros ha aprobado también la prolongación de los plazos para la cancelación de varios préstamos estatales concedidos a la Seguridad Social. Estos préstamos, que datan de principios de los 90 y ascienden a más de 9.000 millones de euros en total, tendrán ahora un plazo adicional de diez años a partir de 2026 para su devolución. Este alivio financiero busca ofrecer un mejor manejo de los recursos destinados a la asistencia sanitaria y otros servicios sociales fundamentales.
Estas iniciativas muestran un esfuerzo continuado del Gobierno por estabilizar y apoyar tanto el tejido empresarial como el sistema de Seguridad Social en un período de recuperación post-pandemia, asegurando así un avance más seguro y planificado hacia la normalidad económica.