La guerra entre Florentino Pérez (ACS) y Perú, en la recta final: CIADI resolverá el 15 de octubre si levanta la suspensión del embargo
ACS y Perú se disputan más de 300 millones de dólares por el proyecto del Metro de Lima
Montaje realizado por Economía Digital.
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La batalla legal entre ACS, presidida por Florentino Pérez, y el Perú encara un momento decisivo. El próximo 15 de octubre, el CIADI emitirá su resolución sobre la suspensión de la ejecución del laudo arbitral de la línea 2 del Metro de Lima. El fallo puede abrir la puerta a un embargo millonario o reforzar la posición de Perú.
El enfrentamiento entre ACS y Perú ha alcanzado una intensidad que trasciende el ámbito empresarial para situarse en el terreno diplomático y jurídico internacional.
En juego están más de 300 millones de dólares y la reputación de un sistema de arbitraje que se ha convertido en la principal vía de resolución de disputas entre multinacionales y Estados.
La decisión del CIADI, dependiente del Banco Mundial, marcará el rumbo de una controversia que se arrastra desde 2017 y que amenaza con prolongarse al menos hasta 2026.
El origen del litigio se remonta a los incumplimientos denunciados por la concesionaria del Metro de Lima Línea 2, participada por ACS y FCC, junto a otras compañías.
La compañía acusó al Estado peruano de retrasos en la entrega de terrenos y en la aprobación de estudios técnicos, lo que habría generado sobrecostos y demoras significativas en la ejecución del proyecto.
La demanda presentada en enero de 2017 desembocó en un largo proceso arbitral con reclamaciones cruzadas que superaron los 700 millones de dólares.
En marzo de 2024, el CIADI emitió un laudo que dio parcialmente la razón a la concesionaria, fijando una indemnización de 456 millones de dólares, más intereses.
Perú abonó solo 106 millones, correspondientes a daños financieros y parte de las costas procesales, mientras que otros 56 millones quedaron suspendidos por decisión del propio tribunal.
Sin embargo, más de 300 millones permanecen impagados, lo que llevó a la constructora a activar mecanismos de ejecución forzosa.
El 14 de febrero de 2025, la compañía inició un proceso de embargo en Luxemburgo, una de las jurisdicciones más favorables para este tipo de medidas, tal y como adelantó este medio.
Allí, basta con presentar el laudo CIADI como título ejecutivo para proceder contra activos soberanos, desde cuentas bancarias hasta participaciones en empresas.
Aunque aún no se conocen los bienes concretos afectados, el movimiento encendió las alarmas en Lima y aceleró la reacción del Gobierno peruano.
Perú, contra ACS con todo
El Estado respondió con una solicitud de anulación parcial del laudo presentada el 26 de febrero de 2025. Sus argumentos se centran en los llamados «Daños Bajo Protesto», que incluyen sobrecostos y compensaciones que, según Perú, carecen de sustento jurídico o técnico.
En paralelo, pidió suspender la ejecución completa del laudo mientras se dirime la anulación, lo que derivó en la suspensión provisional decretada por el CIADI en marzo de este año.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha insistido en que esa suspensión internacional tiene efectos vinculantes en cualquier jurisdicción. En otras palabras, ningún tribunal extranjero debería permitir la ejecución mientras la medida siga en vigor.
Ignorar esa situación, advierte el MEF, sería contrario al Convenio CIADI y al derecho internacional.
La disputa revela las tensiones inherentes a los megaproyectos de infraestructura en América Latina, donde empresas europeas se enfrentan a marcos regulatorios cambiantes y a frecuentes conflictos con los gobiernos.
Para ACS, el caso Metro de Lima es uno de los arbitrajes más relevantes de los últimos años y un ejemplo de su estrategia de proteger contratos mediante la vía arbitral.
Para Perú, en cambio, el proceso representa una defensa de recursos públicos frente a indemnizaciones consideradas desproporcionadas.
El calendario juega un papel clave. Mientras que la resolución sobre la suspensión se conocerá el 15 de octubre de 2025, el fallo definitivo sobre la anulación parcial no llegará antes de 2026.
Eso implica que, incluso si el CIADI levanta la suspensión, el enfrentamiento legal podría prolongarse dos años más, con un clima de incertidumbre tanto para la compañía como para el Estado peruano.
Un conflicto de dimensiones políticas
Más allá de las cifras, el caso tiene implicaciones políticas y económicas. El Gobierno de Dina Boluarte enfrenta el riesgo de un golpe reputacional en los mercados internacionales si se confirma la obligación de pagar íntegramente la indemnización.
Florentino Pérez, por su parte, busca consolidar la posición de la compañía como actor global capaz de defender sus intereses en escenarios complejos.
Con el reloj en cuenta regresiva, la resolución del 15 de octubre será un momento de máxima tensión. Si el CIADI levanta la suspensión, la constructora podrá reactivar el embargo en Luxemburgo y abrir un precedente en la ejecución de laudos internacionales.
Si la mantiene, Perú ganará tiempo para sostener su estrategia de anulación. Lo único seguro es que esta guerra legal aún está lejos de su capítulo final.
