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Iberdrola, la única energética afectada que no impugna la suspensión de Trump a la eólica marina
Orsted, Equinor y Dominion han interpuesto demandas a la Administración de EEUU para poder continuar con sus proyectos
Iberdrola anuncia la salida de 300 personas
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El ataque de Donald Trump a la industria eólica marina está obligando a grandes multinacionales europeas a batallar legalmente para no perder dinero. Los gigantes Orsted, Equinor e incluso la estadounidense Dominion Energy han impugnado en los tribunales la paralización de sus proyectos en la costa este del país. Situación que deja a Iberdrola como la única compañía afectada que no recurre las medidas tomadas por Trump.
El pasado 22 de diciembre el Ejecutivo del país norteamericano anunció la paralización de cinco parques eólicos argumentando motivos de «seguridad nacional» por posibles interferencias a los radares y dejando en papel mojado las autorizaciones iniciales que todos ellos habían recibido durante el Gobierno de Joe Biden.
Los proyectos afectados son Coastal Virginia Offshore Wind (Virginia), de Dominion Energy; Empire Wind (Nueva York), desarrollado por la noruega Equinor; Sunrise Wind y Revolution Wind (Nueva York y Rhode Island), del gigante danés Orsted; y Vineyard Wind I (Massachusetts), propiedad de Iberdrola a través de su filial Avangrid.
En la últimas semanas, las propietarias de los parques paralizados han presentado demandas civiles para tratar de revocar las suspensiones. La última en anunciarlo ha sido Equinor el pasado 2 de enero en un comunicado donde señala que ha interpuesto una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Impugna así la orden del Departamento del Interior del país y planea solicitar una medida cautelar para permitir la continuación de la construcción mientras se desarrolla el litigio.
Pese a la acción, la compañía señala que sigue «colaborando estrechamente» con la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) y las demás autoridades para encontrar una rápida solución al asunto. En cualquier caso, considera que la orden es «ilegal» y amenaza su proyecto
De igual modo han actuado Orsted y Skyborn Renewables (propiedad del fondo soberano de Singapur Global Infrastructure Partners) ante el mismo tribunal, anunciando también que pedirán una medida cautelar. Todo ello mientras siguen «trabajando de forma constructiva» con la Administración.
En cuanto a Dominion Energy ya presentó una demanda y solicitó una orden judicial cautelar a finales de diciembre, según informaron medios locales. Un juez federal de Virginia se pronunció al respecto y retrasó hasta el próximo 16 de enero la vista en la que se analizará la decisión.
Tiempo que considera suficiente para que la Administración entregue la documentación sobre seguridad nacional que se supone sustenta la paralización del proyecto.
Dominion es la mayor promotora y advierte que la suspensión de Trump es arbitraria e inconstitucional, además de suponerle un sobrecoste de cinco millones de dólares al día por la inactividad de sus buques especializados.
Iberdrola asegura que la paralización solo afecta al 20% de Vineyard
Por su parte, Iberdrola se ha limitado a señalar que el impacto para su negocio es limitado, mientras que su socia Copenaghen Infraestructure Partners (CIP) con la que comparte la inversión en el parque rechaza hacer comentarios a preguntas de este medio.
Así, la energética que preside Ignacio Sánchez Galán asegura que la paralización de la concesión de su proyecto Vineyard Wind I afecta a menos del 20% de su capacidad prevista.
En concreto, Iberdrola cuenta ya con 44 de las 62 turbinas en total previstas para el proyecto ya operando, a las que se suman otras seis más para entrar en funcionamiento.
La compañía tiene así 50 turbinas instaladas sin más trabajos pendientes, por lo que la orden del Ejecutivo de Trump afecta sólo a las 12 restantes para completar el parque.
Pero Vineyard no es el único parque eólico de Iberdrola que la Administración Trump ha puesto en el foco. A principios de diciembre, ordenó a la Justicia revisar la aprobación del proyecto para construir y desarrollar los parques eólicos New England Wind 1 y 2 en el estado de Massachusetts (2 GW).
El Departamento de Justicia de EEUU solicitó a un tribunal federal que remitiera la aprobación del proyecto eólico marino New England Wind al BOEM para revisarlo.
La propia compañía anunció en su día 8.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros al cambio actual) en «inversiones directas en toda la región», así como la creación de 9.200 puestos de trabajo.
El Gobierno norteamericano considera que la aprobación original, otorgada durante el Gobierno de Biden en 2024, pudo ser legalmente defectuosa y está está reconsiderando la aprobación del Plan de Construcción y Operaciones (COP) del proyecto.
El enorme negocio de las redes
En cualquier caso, el gran negocio de Iberdrola en Estados Unidos no está en las energías renovables. Actualmente, en torno al 80% del negocio de Iberdrola en el país se encuentra en las redes eléctricas, un negocio regulado por cada Estado con poco riesgo de ser perjudicado.
Además, la electrificación y las nuevas demandas obligan al país a modernizar y ampliar las infraestructuras de transporte y distribución, por lo que las inversiones y el trabajo de compañías como Iberdrola son necesarias.
La multinacional española, ha prometido inversiones por un total de 16.000 millones de euros en EEUU en los próximos años, con el foco puesto en las redes. El país dirigido por Trump se coloca así como su segundo destino inversor, sólo por detrás de Reino Unido.
