Florentino Pérez (ACS) embarga 315 millones a Perú en Luxemburgo por el Metro de Lima
La concesionaria del Metro de Lima, participada por ACS, reclama la ejecución de un laudo de más de 300 millones tras el impago parcial de Perú
Montaje realizado por Economía Digital.
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El grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, ha activado en Luxemburgo el embargo de bienes de la República del Perú por más de 315 millones de dólares. Esta medida responde al impago parcial del laudo emitido por el CIADI, dependiente del Banco Mundial, en el marco de un largo litigio por el proyecto del Metro de Lima, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL.
Ante la negativa de Perú a abonar voluntariamente el importe pendiente no suspendido, la concesionaria —liderada por ACS— inició el 14 de febrero de 2025 el proceso de embargo en Luxemburgo, una de las jurisdicciones europeas más favorables para la ejecución de laudos internacionales. Allí, basta con presentar el laudo CIADI como título ejecutivo para comenzar la incautación de activos soberanos.
Los embargos podrían afectar a cuentas bancarias, activos financieros, participaciones en empresas o incluso propiedades del Estado peruano en esa jurisdicción, aunque los detalles aún no han trascendido públicamente. Es probable que los procedimientos avancen en paralelo a las nuevas acciones legales emprendidas por Perú.
En respuesta a la ejecución, el Estado peruano presentó el 26 de febrero de 2025 una solicitud de anulación parcial del laudo, centrada en los denominados ‘Daños Bajo Protesto’, los daños de construcción, y los intereses e imposición en costas sobre esos conceptos.
De forma simultánea, pidió suspender la ejecución completa del laudo, medida que aún está pendiente de resolución por una comisión ad hoc del CIADI, con una decisión esperada para el 15 de octubre de 2025. El fallo sobre la anulación, en cambio, no se espera antes de finales de 2026.
La disputa se originó en enero de 2017, cuando la concesionaria del proyecto —participada por ACS— demandó al Estado peruano ante el CIADI por incumplimientos graves del contrato de concesión, entre ellos, la falta de entrega de terrenos en los plazos previstos y el retraso en la aprobación de estudios técnicos clave. El conflicto escaló rápidamente, con ambas partes reclamando más de 700 millones de dólares en daños.
El 21 de marzo de 2024, el CIADI emitió un laudo que daba parcialmente la razón a la concesionaria. Posteriormente, el 30 de octubre de 2024, el tribunal corrigió varios errores materiales tras una solicitud de la empresa, elevando el importe final de la condena a aproximadamente 456 millones de dólares, más intereses simples al tipo LIBOR +2% desde la fecha del laudo hasta el pago efectivo.
Sin embargo, Perú solo ha pagado 106 millones de dólares, correspondientes a daños financieros exclusivamente a la concesionaria y parte de las costas procesales. Otros 56 millones están actualmente suspendidos por decisión del tribunal arbitral tras la solicitud de revisión del laudo presentada por el Estado peruano el 19 de junio de 2024.
Mientras tanto, la concesionaria puede seguir ejecutando el laudo parcialmente, tal como permite la normativa internacional, dado que sólo una porción está formalmente suspendida.
ACS, tensión en proyectos internacionales
Este caso representa uno de los laudos arbitrales más importantes para ACS en los últimos años y pone de manifiesto los riesgos jurídicos y financieros de los megaproyectos de infraestructura en América Latina, una región en la que numerosas constructoras europeas mantienen intereses.
Florentino Pérez, presidente del grupo, ha defendido reiteradamente la política de protección de contratos y la vía arbitral para dirimir conflictos con gobiernos extranjeros. La ejecución forzosa en Luxemburgo consolida esa estrategia y sienta un precedente relevante en la defensa de inversiones internacionales bajo tratados bilaterales y multilaterales.
El pulso entre ACS y Perú sigue abierto, con más de 300 millones en juego y una ofensiva legal que se prolongará, previsiblemente, durante los próximos años.
