PSOE y UPyD cercan a Rajoy por el 'caso Bárcenas'

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CORRUPCIÓN

15 de agosto de 2013 (12:46 CET)

La declaración de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ante el juez Ruz por el caso Bárcenas marca el fin del Gobierno de Mariano Rajoy. Al menos, así lo cree el PSOE, que ha calificado de "mentira" la explicación que el presidente dio ante el Congreso por la presunta financiación irregular de los populares.

Por su parte, UPyD va un paso más allá que los socialistas y ha anunciado que propondrá una iniciativa para que las mentiras realizadas en sede parlamentaria sean consideradas un delito.

Rajoy, sin recambio


El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, considera que Rajoy "no tiene más salida que la dimisión" ante la evolución del caso Bárcenas y ha advertido de que para el PP "no va a ser fácil encontrar un sucesor" porque, según los papeles del extesorero, "hay muchísimos" dirigentes populares que han cobrado sobresueldos.

López ha señalado que la declaración de De Cospedal tumba la versión que Rajoy dio a principios de mes, cuando aseguró que Bárcenas ya no estaba en el partido cuando él llegó a la Moncloa en noviembre de 2011.

La secretaria de organización popular aseguró este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que fueron el propio presidente del Gobierno y el ex secretario general del partido, Javier Arenas, quienes acordaron con Luis Bárcenas mantenerle un sueldo del partido, despacho, coche y secretaria, además de pagarle la defensa por su imputación en Gürtel.   

Medidas

Los socialistas plantearán medidas en el ámbito parlamentario, donde han solicitado una comisión de investigación. López ha recordado que la moción de censura "está encima de la mesa" y no descarta que "se acabe presentando". No obstante, ha dejado claro que su presentación no está vinculada a que se acepte o se rechace la comisión de investigación.

Quien ya ha definido su plan de acción es UPyD. En una entrevista en la cadena Ser, la líder magenta, Rosa Díez, ha presentado una medida que estipula como delito mentir en sede parlamentario.

"Creo que esta medida tiene mucho sentido porque en la actualidad el delito de falso testimonio, definido en el código penal, sólo es válido en sede judicial pero no en sede política. La idea sería crear un nuevo delito de perjurio para quien mienta en sede parlamentaria. Obviamente no podría ser cualquier tipo de mentira, sino aquellas que tengan que ver con la finalidad de encubrir o negar un hecho delictivo conocido, o que tenga la obligación de conocer, en razón de su cargo público o de su responsabilidad orgánica", ha recalcado.
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