La CEOE se suma al acuerdo para alargar los ERTE

La CEOE sigue reclamando más flexibilidad para despedir empleados una vez finalicen los ERTE en previsión de que la economía no se recuperará de golpe

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El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, relacionadas con la pandemia de coronavirus, hasta el 30 de junio.

La CEOE no se sumó al preacuerdo hasta este viernes, cuando reunió a su comité ejecutivo bajo la presidencia de Antonio Garamendi. La reunión fue tensa, por las discrepancias con el preacuerdo suscrito en la noche del jueves entre el Gobierno y los sindicatos. El visto bueno de la patronal llegó justo antes de la reunión de ministros que aprobará la medida.

En realidad, la CEOE no tenía ningún impedimento para la prolongación de los ERTE, incluso más allá del 30 de junio, posibilidad que recogerá el decreto ley que prepara el Gobierno. Sin embargo, la patronal se opuso a la penalización de los despidos entre los afectados por ERTE. Este ha sido el gran escollo del acuerdo.

La CEOE siempre ha sido reticente a apoyar el acuerdo por la exigencia del Gobierno de mantener el empleo a los afectados hasta seis meses después de que se levante el ERTE. En caso contrario, si el despido se produce antes, las empresas deberán devolver los beneficios recibidos.

Flexibilizar las condiciones

El desacuerdo se centró en las cláusulas de mantenimiento del empleo de los afectados por ERTE una vez se incorporen al trabajo. El Gobierno aceptó flexibilizar las condiciones. Por ejemplo, contemplar despidos procedentes por causas disciplinarias o por finalización de contrato temporal.

Los ERTE de fuerza mayor contemplan una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la seguridad social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores.

Mediante un comunicado, la CEOE precisa que «hubiese deseado vislumbrar un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a los trabajadores». Sin embargo, la patronal indica que, dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno, entienden que «este acuerdo, aunque no es el deseado, mejora  la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica».

El real decreto que publicará el BOE este sábado establecerá que no podrán acogerse a los ERTE de fuerza mayor aquellas empresas que tengan el domicilio social en paraísos fiscales. Además, las empresas con más de 50 trabajadores que se acojan a estas medidas no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE. Solo lo podrán hacer si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas.

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