La CNMC reprocha a la Audiencia Nacional que suspenda «todas y cada una» de las sanciones a empresas

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, afea a la Audiencia Nacional (AN) que anteponga el perjuicio que las multas puedan provocar a las compañías

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. EFE/ J.J.Guillen

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. EFE/ J.J.Guillen

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha reprochado a la Audiencia Nacional (AN) que suspenda «todas y cada una» de las sanciones que el organismo regulador impone a las empresas. En esta línea, ha explicado que, a su juicio, suspende de forma cautelar porque, en su análisis donde evalúa el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sanción, prima «el segundo».

Asimismo, Fernández ha remarcado que, actualmente, las prohibiciones a compañías respecto la firma de contratos con la Administración Pública por prácticas que infrinjan la ley «no se están aplicando», porque tiene que ser aplicada por la Junta Consultiva de Contratos del Sector Público o porque todas las empresas solicitan la suspensión cautelar de la multa.

Por ello, ha hecho hincapié que, si este último punto «es perfectamente legítimo» por parte de las empresas, también lo es que la Audiencia Nacional suspende «todas y cada una» de las multas de manera cautelar. Sin embargo, ha dejado bien claro que el hecho que se suspenda de forma cautelar una sanción no conlleva una anulación de la resolución.

Tras tener en cuenta la prohibición de contratar con la Administración Pública, ha apuntado que Competencia contemplará en sus propias resoluciones tanto la duración como el alcance de la prohibición, tomando como referencia el periodo máximo de tres años que fija la normativa vigente.

CNMC
Cani Fernández, presidenta de la CNMC

De esta manera, se logrará aportar seguridad jurídica, especialmente en licitaciones internacionales en las que concurran empresas españolas. También, tal y como ha destacado, la medida pretende convertirse en un efecto disuasorio «inmediato» en las licitaciones.

Dado que si el encargado de imponer la sanción es la Junta de Contratos Públicos afecta a todos los negocios de una empresa con todos los entes de la Administración Pública, Competencia ha subrayado que el hecho de gestionarlo desde el organismo permitirá que el proceso se ejecute de una forma más precisa. Así, en el caso de un conglomerado con varias áreas de negocio, podrá enfocar la prohibición únicamente en las áreas y licitaciones que considere oportunas.

Después de haber sacado a consulta un primer documento de criterios, el organismo de Competencia ha expresado su intención de aprobar una comunicación este mismo año, preferiblemente «antes del verano».