Díaz tendrá que publicar el impacto económico de subir el SMI tras una denuncia del Institut Ostrom

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá que publicar un informe en el que se concretan los efectos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), después de una denuncia del think tank catalán Institut Ostrom. En concreto, la vicepresidenta dispone de un plazo de diez días hábiles.

El informe en cuestión es el que el ministerio de Trabajo y Economía Social encargó a la catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica. Bajo el título ‘El impacto de la subida del SMI en el mercado laboral: intensidad laboral, brechas de género y desigualdad’ el documento pone el foco en los trabajadores con una jornada inferior a la completa, así como en el impacto de la subida del SMI para la brecha de género y la desigualdad.

El ministerio de Trabajo encargó el estudio para determinar potenciales beneficios sociales derivados de las subidas del SMI, tras la publicación del estudio del Banco de España, que atribuía a este aumento la pérdida de puestos de trabajo pero no abordaba sus efectos en términos de desigualdad o exclusión social.

El ministerio se negó a publicar el estudio, alegando que el documento tenía la consideración de informe interno de carácter auxiliar

El informe del supervisor macroeconómico, publicado en junio del año pasado, estimaba que la primera subida del SMI pactada entre el PSOE y Unidas Podemos, de un 22% hasta los 900 euros en 14 pagas, provocó la pérdida de entre 100.000 y 180.000 puestos de trabajo, entre empleos destruidos y contrataciones no realizadas.

Batalla por la publicación del estudio

A pesar de que el informe está en manos de Díaz desde enero, la ministra no lo ha hecho público. El Institut Ostrom, que colabora con Economía Digital, reclamó hace unos meses al ministerio de Trabajo la entrega del informe, amparándose en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Bueno Gobierno.

No obstante, el ministerio se negó a publicar el estudio, alegando que el documento tenía la consideración de informe interno de carácter auxiliar y que el acceso podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales o afectar a la propiedad intelectual.

Por ello, el think tank catalán interpuso de nuevo una reclamación ante el Consejo de Transparencia, argumentando que la Dirección General de Trabajo no había justificado debidamente la posibilidad real de lesión en los intereses económicos y comerciales expuestos ni la presencia de un interés superior al protegido.

Finalmente, el Consejo de Transparencia ha dado la razón al Institut Ostrom y ha instado al ministerio a remitir el informe en un plazo máximo de diez días hábiles.

Un informe con interés general para la ciudadanía

«La publicación de dicho informe es de interés general para el ciudadano, pues evalúa una política pública de profundas consecuencias sobre la economía española», ha indicado el Institut Ostrom a través de un comunicado. Y ha insistido: «De acuerdo con los principios de transparencia y buen gobierno, procede la difusión de la evaluación de políticas públicas que encarga el Gobierno».

En esta línea, el investigador del think tank Albert Torelló ha destacado: «Es evidente que la justificación que realiza el Ministerio es manifiestamente insuficiente para satisfacer los parámetros exigidos por la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Pues, a su juicio, el ministerio se ha limitado a alegar que aunque «no ha decidido todavía sobre la publicación y explotación comercial del citado estudio, su puesta a disposición del solicitante afectaría a los derechos a la propiedad intelectual».

Subida del SMI hasta los 1.000 euros

El Gobierno aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en febrero de este año has los 1.000 euros mensuales, lo que supuso 35 euros más que el SMI vigente en ese momento, fijado en los 965 euros mensuales repartidos en catorce pagas.

El SMI se estableció en los 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas desde el 1 de enero

La subida fue fruto del acuerdo suscrito entre Díaz y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, y del que se descolgaron las patronales CEOE y Cepyme, como ya hicieron en el anterior aumento del SMI desde los 950 a 965 euros.

Así, el SMI se estableció en los 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas desde el 1 de enero, lo que equivale a 33,33 euros brutos al día con carácter general. La nueva cuantía reflejó un incremento del 3,63% con respecto a la de 2021.