Echenique movilizó 30.000 euros de la ‘caja B’ de Podemos
La UDEF concluye que el portavoz de Unidas Podemos autorizó tres pagos de 10.000 euros procedentes de la 'caja B' del partido
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique da una rueda de prensa este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Pablo Echenique acumula ya dos condenas judiciales. La primera, por llamar «violador» a un hombre asesinado, y la segunda por haber contratado ‘en negro’ a su asistente. Ahora, el portavoz de Unidas Podemos vuelve a estar en el foco de la Justicia, después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya apuntado que era el encargado de autorizar la supuesta financiación irregular de su partido.
La llamada ‘caja B’ de podemos se habría activado para realizar tres pagos de 10.000 euros entre el 5 de septiembre y el 15 de junio de 2020, a la asociación #404 Comunicación Popular. El pasado mes de abril, el juez Juan José Escalonilla, solicitó a la unidad policial que indicase “las personas que realizaron las tres órdenes de transferencias a la asociación”.
Echenique habría autorizado tres transferencias de 10.000 euros a una asociación
En las conclusiones de la UDEF consta que tanto Echenique como el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, son los titulares de la cuenta, aunque subraya que el primero fue “la persona que realizó las tres órdenes de traspaso por un importe total de 30.000 euros”.
Gran parte de las ganancias del partido corresponden a las “aportaciones de las cuotas de los socios”, excepto los ingresos de mayor importe, que «tienen como origen la cuenta bancaria titulada por la formación política de Unidas Podemos, constando como ordenante de las tres transferencias”.
Por otra parte, en los gastos de #404 Comunicación Popular se registra un pago de 6.800 euros a la sociedad Rekacha Inversiones con razón del alquiler de un espacio en el barrio de Lavapiés (Madrid).
La Audiencia vio una posible vulneración de la Ley de Partidos
Desde la Audiencia de Madrid se inició esta investigación con el objetivo de conocer “el destino de esas cantidades», así como «las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales». Unas » cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores”.
Los magistrados vieron “una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones” de la Ley de Partidos Políticos sobre financiación.
