El Govern ignora al TC catalán y mantendrá los avales del ICF

Ha propuesto convertir el decreto en un proyecto de ley para incluir los cambios en el texto requeridos por el Consell de Garanties, que califica de “excepcional y temporal” el papel del ICF

La economía catalana crece a menor ritmo que la española en el segundo trimestre. En la imagen, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, durante una intervención en el pleno del Parlament / Julio Díaz (JxCat)

La economía catalana crece a menor ritmo que la española en el segundo trimestre. En la imagen, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, durante una intervención en el pleno del Parlament / Julio Díaz (JxCat)

El Govern sigue adelante con los avales del ICF tras el dictamen del Consell de Garanties. El TC catalán dio el visto bueno al decreto de la Generalitat para crear los fondos, aunque pidió que se modificara parte del articulado. En concreto, reclama que se establezca el papel del ICF como “excepcional” y que quede limitado en un tiempo concreto.

Tras conocer el dictamen, el conseller de Economía del Govern de la Generalitat, Jaume Giró, pidió en el Parlament el voto a favor a los grupos parlamentarios para aprobar el decreto y que éste se tramite como proyecto de ley para cambiar el texto inicial incluyendo los requerimientos del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

En el pleno del Parlament de este jueves, Giró afirmó que el CGE ha avalado la constitucionalidad y adecuación del decreto de forma íntegra y ha asegurado que las dudas sobre su legalidad son infundadas y difundidas “intencionadamente”.

“El decreto garantizará la presunción de inocencia a las personas afectadas y evitará el embargo de ahorros bienes y patrimonios antes de que los afectados hayan sido juzgados”, señaló Giró.

También acusó a Vox y a Ciudadanos de “renunciar y claudicar de hacer política” porque, en su opinión, en vez de hacer una oposición en el Parlament, “han subcontratado su propio trabajo a los tribunales y a la Fiscalía”.

“Nunca hubiera imaginado que ustedes (Ciudadanos y Vox), sus escaños y sus sueldos se convertirían en redundantes”, y que “creyeran que la mejor forma de gestionar el debate político público” sería “llevándolo todo a los tribunales”.

El Parlament aprobó el decreto

Tras un pleno de lo más caldeado, el Parlament validó el decreto con los votos favorables ERC, JxCat y CUP; la abstención del PSC y En Comú; y los votos en contra de Vox, Ciudadanos y PP.

El voto de los socialistas era el que más expectación creaba antes de comenzar el pleno. Desde el PSC se afirmó que el Grupo Parlamentario respaldaría el texto si contaba con el aval del Consell de Garantías. No obstante, ante las puntualizaciones del llamado ‘TC catalán’, los de Salvador de Illa decidieron abstenerse.

Le correspondió a Alicia Romero defender la posición del PSC. La diputada reconoció la validez del dictamen del CGE, aunque afeó los cambios de rumbo del Govern a la hora de utilizar al ICF como avalista para los encausados por el Tribunal de Cuentas, entre los que se encuentran los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont o el exvicepresident Oriol Junqueras.

El diputado de Vox, Joan Garriga, acusó a Giró de mentir ya que, en su opinión, el fondo no cubre a los políticos por las acciones cometidas durante su cargo, sino que cubre “irregularidades, pagos sin justificar, irregularidades en contratos y presupuestos y por destinar fondos a un proceso rupturista que excede las competencias de la Generalitat”.

El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, afirmó que la Generalitat está “malversando” con este decreto. Además, avanzó que continuarán oponiéndose no solo votando en contra, sino “por la vía judicial que sigue abierta ya que los informes no son vinculantes”.

Andoni Berná Calvo