El plan de Ada Colau para dividir al gobierno de Quim Torra

Catalunya en Comú avisa de que someterán sus propuestas de fiscalidad a votación en el Parlament para tensar la cuerda entre ERC, Pdecat y JpC

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Catalunya en Comú, el partido que gravita en torno a Ada Colau, piensa seguir hurgando en las discrepancias entre los socios que integran el gobierno de Quim Torra por lo que respecta a la política fiscal y presupuestaria. A partir de enero, Catalunya en Comú Podem (CECP) empezará a presentar en el Parlament propuestas de medidas fiscales que ha planteado al Govern en el marco de una negociación presupuestaria que permanece atascada.

Casi tres semanas después de reunirse por primera vez con CECP para iniciar las conversaciones, la Generalitat sigue sin poner sobre la mesa un borrador presupuestario, como le piden los de Colau, que ahora mismo son la única opción con la que cuenta el ejecutivo de Torra para poder aprobar sus cuentas.

Un aumento del 7,7% de gasto social

El Govern sí presentó unas primeras cifras el lunes ante patronales y sindicatos, según las cuales los presupuestos aumentarían el gasto un 6,8%, porcentaje que se eleva hasta el 7,7% en términos de gasto social, lo que situaría este en niveles de 2010, antes de los recortes efectuados en la época de Artur Mas. Pero esto no basta para convencer a CECP, como quedó claro este martes en un debate parlamentario entre el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, y el diputado David Cid.

El portavoz económico de los comunes relativizó ese regreso a los niveles previos a los recortes, porque no tiene en cuenta, alegó, ni la subida del IPC de estos nueve años ni tampoco que en el mismo periodo el PIB catalán ha crecido en 34.000 millones. Aragonès lo admitió, pero puntualizó a su vez que el año 2010 se cerró con un déficit de 10.000 millones, el 4,4% del PIB, y que el proyecto de presupuestos de 2019 prevé un déficit de 250 millones, un 0,1%. 

Sin acercamientos entre Torra y Colau

Más allá de esas precisiones, lo que se evidenció es que no ha habido acercamientos entre el Govern y Catalunya en Comú. El primero se comprometió hace tres jueves a hacer una estimacion de los ingresos adicionales que supondrían las medidas fiscales planteadas por los de Colau, y este martes, Aragonès explicó que la subida de IRPF planteada para rentas superiores a 90.000 euros se traduciría en apenas 35 millones.

Además, Aragonès alega que la Generalitat no cobraría ese dinero hasta 2021 porque el IRPF lo cobra la Agencia Tributaria y hasta entonces no liquidaría a la Generalitat de su parte, y que, en virtud de lo que establece la ley de estabilidad presupuestaria, esos ingresos solo podrían consignarse en las cuentas del año en que se ingresaran de forma efectiva. Y tampoco demostró el vicepresidente ningún interés en retocar el impuesto de sucesiones, una subida del cual advirtió que podría ser contraproducente.

Cid advirtió al vicepresidente: «No les esperaremos. En enero empezaremos a registrar propuestas de ley con medidas fiscales»

Así las cosas, con la Generalitat asumiendo que tendrá que empezar el año prorrogando al menos durante unas semanas las cuentas de 2018, como ya admitió la portavoz del ejecutivo, Elsa Artadi, a principios del mes pasado, y sin ni tan siquiera una segunda reunión agendada todavía, Cid advirtió al vicepresidente: «No les esperaremos. En enero empezaremos a registrar propuestas de ley con medidas fiscales».

Así, si antes no hay acuerdo, los comunes llevarán a debate al Parlament tanto la subida del IPRF y del impuesto de sucesiones como el de actos jurídicos documentados y las medidas que plantean en términos de fiscalidad ambiental. «Si nos nos encontramos en los presupuestos, nos encontraremos ley a ley y veremos si usted está más cerca de nosotros o de la señora Artadi [de JpC] y del Pdecat», le espetó Cid.

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