El PP recurrirá al Tribunal Constitucional la ley del catalán

La aprobación del acuerdo se ha aplazado por el dictamen solicitado por el PP, Vox y Ciudadanos al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la ley

El diputado del PP catalán Alejandro Fernández. Foto de Archivo.

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha asegurado este sábado que su partido llevará ante el Tribunal Constitucional la ley del catalán, pactada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, si se aprueba tal y como está ahora redactada.

Así lo ha anunciado en el transcurso de su intervención en una jornada del PP en Tarragona, en la que también han participado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el portavoz popular en el Ayuntamiento de Tarragona, José Luís Martín.

Este jueves, Vox, Ciudadanos y el PP solicitaron al Consejo de Garantías Estatutarias un dictamen sobre la adecuación de la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, lo que podría obligar a aplazar su aprobación y neutralizar así su efectividad.

«Un paso de difícil retorno, por no decir imposible»

Alejandro Fernández, el presidente del PPC

A juicio del líder de los populares catalanes, este acuerdo a cuatro bandas «marca un antes y un después» porque si hasta la fecha los socialistas habían actuado «con especial ambigüedad a la hora de abordar debates delicados», ahora han dado «un paso de difícil retorno, por no decir imposible».

Para Fernández, el texto acordado «se niega al acatamiento judicial en materia lingüística y deja la responsabilidad del cumplimiento a la comunidad educativa, dejando a los profesores abandonados a su suerte, de manera cobarde».

Acuerdo sobre el catalán en las escuelas

El PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem alcanzaron este martes un acuerdo para impulsar una nueva ley que prevé reafirmar el catalán como una lengua vehicular en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular», sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros educativos.

El acuerdo llegó justo un día antes de expirar el plazo que dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), antes de que las escuelas tuvieran que impartir, por sentencia judicial, el 25% de las clases en castellano.