Fiscalía investiga las aguas catalanas por irregularidades en contratos por valor de 7,4 millones

El Ministerio Público pone el foco en la adjudicación de 38 licitaciones de trabajos complementarios en la ACA

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La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto una investigación en el seno de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) por diversas irregularidades en la adjudicación de contratos por valor de 7,4 millones. En concreto, el fiscal Emilio Sánchez Ulled señala a una UTE que, tras resultar ganadora de una licitación, obtuvo 38 contratos más por trabajos complementarios.

Sánchez Ulled se muestra muy contundente. Asegura que la adjudicación podría haber sido pactada previamente y que, además, se podría haber ejecutado la obra de forma anómala para lograr más beneficios para la UTE DMA-Gestió –conformada por las empresas Audingintreaesa, United Research Servies y Artenginy–.

Implicación de un ex gerente

El escrito señala que el representate de las empresas fue J.L. Quer Cumsille, quien había sido gerente del ACA entre 2000 y 2004. “Su influjo pudiera haber resultado determinante en estos hechos”, asegura.

La regañina del documento prosigue: “Las evidentes irregularidades puestas de manifiesto por las instituciones denunciantes son tan numerosas y presentan tan grosero calibre que el hecho de que concurran a la vez en una contratación pública de muy elevado importe por sí mismo constituye un indicio razonablemente solido”.

Los contratos

La UTE DMA-Gestió se alzó ganadora del contrato redacción del programa de medidas y planes de gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalunya el 15 de enero de 2008 por un valor de 3,75 millones de euros. La cláusula número 2 del pliego de condiciones establecía que el importe de licitación no incluía el presupuesto complementario. “Con ello algunos de los trabajos objeto de contratación podían, en la práctica, ser o no ser objeto de contratación independiente de la principal según el adjudicatario escogiera libremente encajarlos o no en determinadas tipologías”, señala el fiscal.

Entre octubre y diciembre de 2008, se adjudicación a las mismas empresas 38 contratos complementarios por un importe total de 3,93 millones de euros. La UTE subcontrató el 100% de los contratos complementarios con diversas empresas, incluidas las que componían la propia UTE.

La Intervención Generalitat de la Generalitat y la Sindicatura de Comptes fueron los primeros en dar la voz de alarma por estas irregularidades. Tras contrastar que se han podido incurrir en conductos delictivas, remitió sus informes al Ministerio Público.

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