Gamarra acusa al Gobierno de «dejación de funciones» por no garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes

La secretaria general y portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este domingo al Govern de la Generalitat de llevar a cabo «un pisoteo de los derechos lingüísticos de los catalanes» y ha interpelado al Gobierno de España por «la complicidad», ya que «lo permite y no lo impide».

Gamarra ha hecho estas declaraciones, recogidas por Europa Press, al comienzo de la manifestación convocada en Barcelona por Escuela de Todos para defender el 25% de castellano en las escuelas de Cataluña, bajo el lema ‘Español, lengua vehicular’.

Además, la portavoz ha añadido que «no cabe la dejación de funciones por seguir en La Moncloa por un puñado de votos», tras lo cual ha instado tanto al Govern como al Gobierno a cumplir y aplicar las sentencias judiciales que exigen garantizar el mínimo del 25% de las clases en castellano.

Bloque de «todos los constitucionalistas»

En la manifestación se ha protestado contra la Ley 8/2022 y el Decreto-ley 6/2022 de la Generalitat para paralizar la sentencia del 25% y que, según el PP, «mantiene al español como una asignatura más, pero impide que se utilice como lengua vehicular: lengua en la que se enseñan los contenidos».

Gamarra ha trasladado su apoyo a padres, profesores y alumnos «que defienden sus derechos frente a la estigmatización y el señalamiento» y ha llamado a «todos los constitucionalistas» a formar un bloque común para defender el español.

En esta línea, el pasado martes, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña contra varios artículos de la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas.

Tanto PP como Ciudadanos consideraron que con estas normas el Govern catalán vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña y al haber legislado por medio del decreto ley sin existir extraordinaria ni urgente necesidad.

Otros fundamentos del recurso se centran en que las normas citadas vulneran preceptos constitucionales relacionados con la autonomía de los centros garantizada por la normativa básica del Estado y con la alta inspección como competencia exclusiva del mismo, además de la competencia del Estado para la regulación del uso del castellano.