Financiación autonómica y poder territorial: Illa, Pradales y Rueda enfrentan visiones sobre el futuro del Estado en plena legislatura clave
Las comunidades reclaman más claridad, más recursos y más capacidad de decisión, mientras el Estado central busca mantener la cohesión del sistema en un contexto político fragmentado
Cómo debe evolucionar el Estado autonómico en un contexto de reforma de la financiación y tensión política en España
Comentarios
El Cercle de Economía reunía a tres de los principales responsables autonómicos del país Salvador Illa, Imanol Pradales y Alfonso Rueda, bajo la moderación de Pau Guardans. El debate, marcado por la financiación autonómica, la cohesión territorial y el papel de España en la construcción de una Europa más integrada, dejó una idea común de fondo: la legislatura actual será determinante para redefinir el equilibrio entre Estado, autonomías y Unión Europea.
Un modelo autonómico con crédito político
El punto de partida del debate fue una reflexión compartida sobre la vigencia del Estado autonómico. Illa defendió que el balance de las últimas décadas es “positivo”, subrayando que España ha demostrado resiliencia institucional incluso en crisis como la pandemia, que funcionó como “test de estrés” para el sistema.
En su intervención, el dirigente catalán situó el futuro en una perspectiva europea: avanzar hacia una mayor integración federal dentro de la Unión Europea como única vía para reforzar la autonomía estratégica del continente. En ese marco, defendió reforzar la coordinación vertical entre administraciones y la cooperación horizontal entre comunidades, evitando duplicidades y mejorando la eficacia institucional.
Desde esa óptica, Illa planteó la legislatura como una oportunidad para consolidar un modelo que combine diversidad territorial y fortaleza común, en un momento en el que, advirtió, existen también corrientes políticas que cuestionan la estructura autonómica.
Euskadi: bilateralidad, pacto y autogobierno
El lehendakari Imanol Pradales centró su intervención en la singularidad del modelo vasco y en la necesidad de preservar una relación “entre iguales” con el Estado. Recordó la vigencia del Estatuto de Gernika, que cumple 47 años sin haber sido plenamente actualizado, y defendió que el sistema autonómico ha contribuido de forma decisiva a la estabilidad del país.
Pradales alertó, sin embargo, de los efectos de una armonización excesiva del modelo territorial, que a su juicio ha generado una “erosión” del pacto original. En ese contexto, defendió reforzar la bilateralidad efectiva como principio rector, especialmente en ámbitos como la gestión fiscal, la migración o la proyección internacional de las comunidades.
Su intervención puso el acento en la idea de que el autogobierno no es una excepción, sino un instrumento de eficiencia institucional que requiere reglas claras, respeto mutuo y capacidad de decisión propia en ámbitos clave.
Galicia: estabilidad, cohesión y rechazo a la confrontación territorial
Por su parte, Alfonso Rueda defendió el modelo autonómico como una herramienta de progreso y cohesión, especialmente tras la entrada de España en la Unión Europea. Según su análisis, el sistema descentralizado ha permitido acelerar el desarrollo económico y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Rueda insistió en la necesidad de evitar la confrontación entre territorios y defendió un enfoque basado en la igualdad de condiciones y la solidaridad. En su opinión, abrir debates bilaterales sin consenso general puede debilitar la arquitectura del sistema y generar desequilibrios entre comunidades.
También cuestionó el contexto político nacional, aludiendo a la dificultad del Gobierno central para aprobar presupuestos, lo que complica, según dijo, la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica.
La financiación autonómica: el eje del conflicto
El núcleo más técnico, y a la vez más político, del debate giró en torno al sistema de financiación autonómica, caducado desde 2009. Illa defendió la necesidad de actualizarlo con urgencia y planteó que el actual modelo genera desigualdades que deben corregirse mediante una mayor dotación de recursos y mecanismos de coordinación más transparentes.
Desde Galicia, Rueda reclamó un proceso de negociación multilateral, rechazando lo que consideró dinámicas bilaterales que puedan fragmentar el acuerdo global. Defendió que cualquier reforma debe partir de una base común entre todas las comunidades.
El lehendakari Pradales, por su parte, puso el foco en el sistema de concierto vasco y el cupo, subrayando su responsabilidad fiscal y su lógica de pacto histórico. Reivindicó el modelo como un ejemplo de corresponsabilidad financiera, aunque insistió en la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados sin interpretaciones unilaterales.
Legislatura abierta: incertidumbre y oportunidad
En el tramo final del debate, los tres dirigentes coincidieron en que la actual legislatura será clave para el futuro del modelo territorial. Las diferencias políticas fueron evidentes, pero también lo fue la conciencia compartida de que los grandes retos: financiación, cohesión, gobernabilidad y proyección europea requieren acuerdos de largo alcance.
Illa defendió que aún hay margen para avances significativos en esta legislatura, incluyendo la gestión de fondos europeos y el reconocimiento de las lenguas oficiales en la UE. Pradales advirtió de los riesgos de un clima político de crispación que dificulte los acuerdos estructurales. Rueda, por su parte, insistió en que la prioridad debe ser resolver problemas concretos de gestión y financiación antes de abrir nuevos marcos de debate.
Un modelo en revisión
Las comunidades reclaman más claridad, más recursos y más capacidad de decisión, mientras el Estado central busca mantener la cohesión del sistema en un contexto político fragmentado.
En ese equilibrio inestable, la legislatura en curso aparece como un punto de inflexión. No tanto para romper el modelo, sino para decidir cómo se adapta a una nueva etapa europea, económica y política en la que la gobernanza multinivel será, cada vez más, la norma.
