La Fiscalía pide la libertad de tres de los CDR acusados de terrorismo

Los fiscales quieren que los acusados de terrorismo pertenecientes a los CDR queden en libertad bajo una fianza de 9.000 euros

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este jueves dejar en libertad bajo una fianza de 9.000 euros a tres de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) enviados a prisión a finales de septiembre. El ministerio público cambia de esta forma su criterio en torno a los acusados en respuesta a los recursos de apelación interpuestos por la defensa. 

Así lo ha comunicado el portavoz de los fiscales, Miguel Ángel Carballo, que pide la puesta en libertad para los acusados Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón y Xavier Buigas, que permanecen en prisión preventiva desde el pasado 26 de septiembre después de la puesta en marcha de la Operación Judas

Los fiscales, además, rechazan que la nueva postura tenga una motivación política. Según el sumario del caso, los siete CDR encarcelados pertenecían a dos grupos: el denominado «núcleo productor» y un segundo encargado de la ejecución de las acciones. Según la investigación, los tres miembros pertenecerían al Equipo de Respuesta Táctica (ERT), uno de los sectores que más ha instigado a la violencia durante las protestas acaecidas en Cataluña tras la publicación de la sentencia del ‘procés’, el pasado 14 de octubre.

La causa apunta a que Duch, mimebro del CDR Sabadell Centro, mostró «de manera expresa su plena disposición a participar en el asalto» del Parlament de Cataluña, uno de los supuestos planes del ERT. Garzón, por su parte, habría participado en un «acto delictivo», según reza el sumario, que tuvo lugar a principios de febrero, cuando una de las acciones del sector más violento de los CDR derramó aceite en la carretera C-55 para dificultar el tránsito al convoy de la Guardia Civil que trasladaba a los líderes independentistas condenados por la sentencia del ‘procés’ a Madrid desde la cárcel de Lledoners

De Buigas, la investigación destapó una conversación que mantuvo con Ferrán Jolis, otro de los CDR acusados de terrorismo. Del contenido de la grabación se desgrana que el ERT «organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta ‘in itinere'» con la hermana del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, «con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras» entre Puigdemont y su sucesor, Quim Torra

Como principal argumento, la Fiscalía alega que ninguno de estos tres CDR manipuló explosivos. El Ministerio Público ya ha comunicado a la Sala el cambio de criterio después de que el juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, que revisó el caso de los tres encarcelados -junto con el del también acusado, Alexis Codina– a finales de noviembre. 

Entonces, la sección segunda de lo Penal acordó anular sus autos de prisión. A su juicio, no se les dio la información esencial durante las vistillas con los acusados, lo que obligó a García Castellón a revisar el caso. Finalmente, y tras repetir las audiencias, decidió mantenerlos en prisión.

La Fiscalía solo ratifica la prisión para dos CDR

Tras esta jornada, la Fiscalía considera que solo existen suficientes indicios de terrorismo para los acusados Ferrán Jolis y Jordi Ros, para los que el Ministerio Público ha vuelto a ratificar la condena de cárcel. Estos fueron los únicos miembros de los CDR que accedieron a declarar ante la Guardia Civil y ante García Castellón. 

Este jueves, la Fiscalía ha revisado también la situación de otro de los CDR con un recurso de apelación pendiente, Germinal Tomás Abueso, y ha solicitado que se repita de nuevo la vistilla con el magistrado, que la ha convocado para las 10.00 horas de este viernes.

Mediante la Operación Judas, la Guardia Civil detuvo a finales de septiembre a un total de nueve personas, ocho hombres y una mujer, con edades comprendidas en un rango de entre 40 y 50 años. Dos salieron bajo fianza –David Budria y su pareja, Clara- mientras que los siete restantes se encuentra desde entonces en prisión provisional -que tiene un plazo máximo de dos años- por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y consipiración.

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp