La Fiscalía reclama la expulsión del juez Santiago Vidal
Propone al CGPJ la máxima sanción por participar en el borrador de una Constitución catalana
Máxima sanción. Es lo que pide la Fiscalía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para castigar al juez Santiago Vidal por participar en la redacción de una Constitución de Cataluña. Y eso implicará, como la sanción disciplinaria más grave, la expulsión de la carrera judicial.
Es el último trámite que quedaba pendiente para que el promotor de la acción disciplinaria del consejo, Jesús Fonseca-Herrero, haga su propuesta a la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces. La medida, sin embargo, se someterá a debate en el pleno del consejo, que la podría aprobar o no.
En sus intervenciones públicas Santiago Vidal ha mostrado su confianza en los jueces para que no secunden esa propuesta, que sería la más extrema.
El respeto de Vidal a los preceptos de la Constitución
Fonseca-Herrero, en su pliego inicial, que se le comunicó a Vidal, proponía como sanciones la suspensión de empleo y sueldo durante tres años, la salida forzosa de la comunidad autónoma, o la expulsión definitiva de la carrera, por las dos infracciones de carácter grave de las que se le acusa.
El argumento de Vidal es que en toda su carrera judicial siempre ha respetado y hecho respetar los principios de la Constitución española, y que, en su tiempo libre de los últimos meses se ha dedicado a colaborar en una propuesta de Constitución de Cataluña, que, junto a otros proyectos jurídicos de distintos equipos de expertos, presentará este sábado en el Ateneo barcelonés.
Recogida de firmas de los sectores soberanistas
Sin embargo, hay dos conductas irregulares de las que se le acusa: la primera es la tipificada en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que se refiere a la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes judiciales por vulneración del deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
Y la otra se recoge en el artículo 417.6, que hace referencia a la vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades del artículo 389.5 de la LOPJ en relación con el artículo 1.3 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Los sectores soberanistas han actuado con gran celeridad con recogida de firmas para apoyar a Santiago Vidal, que recibió ofertas para formar parte de candidaturas políticas en las semanas previas a la decisión de Artur Mas de convocar elecciones, que, finalmente, situó para el 27 de septiembre.
