Las patronales exigen menos presión a las empresas en la Ley Òmnibus

Continúa la polémica en torno a la ley insignia del programa político del actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Este miércoles en una sesión extraordinaria, los representantes de diversas patronales catalanas se han presentado ante los grupos parlamentarios con el objetivo de reflejar su inconformidad con determinadas normas del proyecto-ley.

El portavoz de les Cambres de Comerç de Catalunya, Joan Horaci Simó, ha insistido en su discurso, como en anteriores ocasiones, en la necesidad de simplificar los trámites administrativos que se le exigen a las empresas y que resultan “innecesarios”. Ha subrayado la importancia de disminuir las obligaciones que se han impuesto a las compañías de Catalunya que fomenta la “discriminación en diferentes territorios”.

Asimismo, ha explicado que “hay que hacer una nueva norma que deje establecidos los requisitos para el desarrollo de las actividades y que aborde de forma integral las nuevas circunstancias del sector comercial”.

A las palabras de Simó se ha unido el representante de Pimec, Vicenç Moreno, quien ha hecho hincapié en la “modificación necesaria” de determinados ámbitos normativos de manera que “no se exijan a las pymes catalanas más de lo que pide la directiva europea”. Moreno ha pedido una nueva ley “que no baje el listón de exigencia medioambiental pero que suponga menos costes” de tiempo y dinero a las empresas que “podrían dedicarse a otras actividades”.

Además, ha exigido que se eliminen los controles medioambientales periódicos porque “no existe ninguna alarma en Catalunya» que lo justifique. “Hechos y no palabras”, parafraseando el último eslogan electoral de José Montilla, es lo que se espera por parte del Govern con normas que “realmente apoyen a las pymes y que las dejen trabajar sin impedimentos”, ha señalado.

Por su parte, Salvador Guillermo, en representación de Foment del Treball, ha coincidido con el resto de patronales en “el control masivo” que reciben las empresas y la exigencia de un marco normativo que no sea ajeno al mundo empresarial. Eso “significaría ir en contra del país”. La ley orgánica de protección de datos, tal y como está establecida ahora, “parece una biblia en la que hay muchas sanciones, la hemos hecho tan complicada que el gasto no compensa el objetivo principal de protección”, ha subrayado.

Las patronales coinciden también en señalar la poca participación que han tenido a lo largo de todo el proceso de la Ley Òmnibus como agentes sociales que tienen un papel importante en la sociedad catalana.