El anuncio estrella de Sánchez en la conferencia de presidentes tiene trampa
El presidente del Gobierno anunció que las CCAA gestionarían el 55% de los fondos europeos, pero no garantizó que ese reparto se mantenga más allá de 2021
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Foto: EFE
Pedro Sánchez fio toda la conferencia de presidentes a un gran anuncio que tapara la falta de negociación previa con las comunidades autónomas y la ausencia de un orden del día claro para el cónclave. El jefe del Ejecutivo desveló que el 55% de los fondos europeos serán gestionados por las CCAA. Esa buena noticia para los gobiernos autonómicos, sin embargo, tiene trampa.
Así lo confirman a Economía Digital altos cargos de diferentes ejecutivos regionales que, además, recuerdan que hay «poca novedad» en ese anuncio, deslizado por el propio Pedro Sánchez hace 9 meses.
Según las fuentes consultadas, Sánchez ya aseguró en la conferencia de presidentes celebrada en octubre del año pasado que las comunidades autónomas gestionarían «más de la mitad» de los fondos europeos, aunque no aclaró el porcentaje. La única novedad aportada en la reunión de Salamanca, por tanto, fue el 55%.
El porcentaje, solo para 2021
El presidente del Gobierno, eso sí, especificó que el reparto con ese porcentaje correspondía a la gestión de los 19.000 millones de euros que España recibirá del fondo de recuperación europeo para este 2021.
Previsiblemente, el dinero llegará en agosto, aunque ya hay inversiones aprobadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, afirman diferentes gobiernos autonómicos contactados por ED, lo único que ha aclarado Sánchez es que ese reparto del 55% tiene fecha de caducidad en poco más de cuatro meses: el 31 de diciembre del presente año.
Todo ello porque, pese a las preguntas explícitas de varios presidentes autonómicos, entre ellos Alfonso Fernández Mañueco, Pedro Sánchez no ha querido aclarar si el mismo porcentaje de reparto se mantendrá en 2022 o irá modificándose cada año, hasta 2024.
Las autonomías del PP temen que con los procesos electorales de 2022 y 2023, el Gobierno central quiera una mayor gestión de los fondos para usarlos como arma electoral.
Además, con la comisión bilateral y la mesa de diálogo con Cataluña a la vuelta de la esquina, sospechan que Sánchez puede ofrecer un mejor reparto a sus socios para lograr su apoyo a los Presupuestos de 2022.
Un reparto no negociado
El reparto para este año, además, no ha sido negociado y está «condicionado» a un «asentimiento» de las comunidades autónomas en las diferentes reuniones sectoriales que mantienen los ministerios con las diferentes consejerías.
En ese sentido, las fuentes consultadas explican que «solo puedes decir que ‘sí’ al reparto y a los proyectos otorgados, porque si no, te quedas fuera». Una estrategia, la del Gobierno central, que deja sin margen a las CCAA.
Solo puedes decir que ‘sí’ al reparto y a los proyectos otorgados, porque si no, te quedas fuera
Esta situación ha sido comentada durante la conferencia de presidentes por varios dirigentes autonómicos, pero Pedro Sánchez no ha atendido esas quejas: «A los que hemos protestado, nos ha llamado pejigueros y ha vuelto a insistir en la voluntad de diálogo del Gobierno con la gestión de los fondos».
Sánchez usó al TC para descartar una ley de pandemias
Más allá de la gestión de los fondos europeos, otra de las principales críticas de los presidentes del PP durante la reunión estuvo relacionada con la negativa del Gobierno central a aprobar una ley de pandemias que permita tener un marco jurídico estable y común para aplicar toques de queda y otras restricciones.
Las CCAA del PP entienden que «no es normal que cada Tribunal Superior de Justicia tome decisiones diferentes» y que «lo que se aplica en Galicia no pueda llevarse a cabo en Canarias». Y así se lo hicieron saber a Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, sin embargo, volvió a descartar esa ley de pandemias, aunque esta vez cambió de argumentos: recordó la sentencia del Tribunal Constitucional contra el primer estado de alarma.
Pedro Sánchez reivindicó la constitucionalidad del decreto de marzo de 2021, pero advirtió que una ley orgánica, como la que quiere impulsar el PP, no puede vulnerar derechos fundamentales, y que podría ser recurrida y tumbada por el TC.
