Maricarmen y las 400.000 viviendas perdidas
Las leyes aprobadas por el Gobierno pueden modificarse en el BOE; las leyes de la oferta, la demanda, el riesgo y los incentivos no pueden derogarse
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La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, ha provocado una comprensible conmoción. Su caso representa el rostro humano de un problema que la política lleva demasiado tiempo utilizando como arma electoral. Una sociedad digna no puede abandonar a una persona vulnerable, pero tampoco debería aprovechar su tragedia para repetir soluciones que han agravado la crisis.
Después de ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez, la vivienda es más cara, los jóvenes se emancipan más tarde y encontrar un alquiler se ha convertido en una competición. Al mismo tiempo, el mercado habría perdido unas 400.000 viviendas destinadas al arrendamiento estable.
Los pisos no han desaparecido. Sus propietarios los han vendido, reservado para sus familias o trasladado al alquiler temporal. La política de vivienda de Sánchez ha protegido tanto al inquilino que ha terminado reduciendo las viviendas entre las que puede elegir.
Esta contradicción se explica mediante cinco leyes económicas elementales.
Si falta oferta, sube el precio
Cuando aumenta el número de personas que busca una vivienda y la oferta no crece al mismo ritmo, el precio sube. No es una cuestión ideológica, sino una consecuencia inevitable de la escasez.
España ha aumentado su población y creado nuevos hogares, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, no ha construido suficientes viviendas. El Gobierno ha intentado controlar el precio sin resolver la causa principal: hay demasiadas personas compitiendo por muy pocos pisos.
Limitar los precios reduce la oferta
Un precio máximo puede beneficiar inicialmente al inquilino que ya tiene contrato. Pero también reduce los incentivos para incorporar nuevas viviendas al mercado.
Si el alquiler no compensa los impuestos, el mantenimiento y el riesgo, el propietario busca otra alternativa. Puede vender, reservar el inmueble para sus hijos o recurrir al alquiler temporal.
Un Gobierno puede limitar el precio mediante una ley. Lo que no puede hacer es obligar al dueño a ofrecer voluntariamente su vivienda. Cuando miles de propietarios se retiran, encontrar un alquiler resulta todavía más difícil.
A mayor riesgo, mayores garantías
El propietario no calcula únicamente cuánto puede cobrar. También valora el riesgo de impago, los posibles desperfectos y el tiempo que tardaría en recuperar su inmueble.
Cuando aumenta la inseguridad jurídica, exige nóminas más altas, avales, depósitos, seguros y contratos laborales indefinidos. Cuanto más difícil resulta desalojar a quien no paga, más selectivo se vuelve antes de firmar.
La paradoja es evidente: las personas vulnerables, a quienes pretendía proteger la regulación, son las primeras que quedan excluidas. Jóvenes, autónomos, inmigrantes y trabajadores temporales encuentran más obstáculos para alquilar.
La inseguridad jurídica funciona como un impuesto oculto que termina pagando el inquilino.
Las personas responden a incentivos
Si el alquiler estable presenta más obligaciones y riesgo que el temporal, los propietarios elegirán el temporal. Si vender es más seguro que alquilar, venderán. Si conservar un piso vacío parece menos peligroso que cederlo, algunos preferirán no ofrecerlo.
No es necesario aprobar todos estos comportamientos para comprenderlos. Una política responsable debe partir de cómo actúan las personas, no de cómo desearía el Gobierno que actuasen.
Castigar políticamente al propietario puede producir aplausos, pero no construye una sola vivienda.
La política social debe pagarla la sociedad
España debe proteger a quien pierde su empleo, enferma o atraviesa una situación imprevista. Pero esa protección debe financiarse mediante los presupuestos públicos y ser asumida por toda la sociedad.
El casero no es la Seguridad Social ni puede sustituir al Estado. Si la Administración quiere evitar el desahucio de una familia vulnerable, debe pagar temporalmente el alquiler, ofrecer una vivienda pública o compensar al propietario.
Maricarmen no necesitaba una batalla ideológica entre partidos. Necesitaba una solución pública eficaz que preservara su dignidad sin trasladar toda la responsabilidad a un ciudadano particular.
Una generación condenada a esperar
El 44,3% de los españoles de entre 26 y 34 años continúa viviendo con sus padres. La emancipación se retrasa, disminuye la natalidad y aparece una nueva división social: quienes heredarán una casa y quienes dependerán permanentemente de un alquiler caro.
La solución exige aumentar la oferta, liberar suelo, agilizar licencias, construir vivienda pública y garantizar procedimientos rápidos frente al impago. También pueden establecerse seguros y ventajas fiscales para quienes ofrezcan contratos estables.
El objetivo no debe ser proteger al propietario contra el inquilino ni al inquilino contra el propietario. Debe ser conseguir que ambos quieran firmar.
Las leyes aprobadas por Sánchez pueden modificarse en el BOE. Las leyes de la oferta, la demanda, el riesgo y los incentivos no pueden derogarse. El caso de Maricarmen debería servir para comprenderlo: cuando el Gobierno declara enemigo al casero, quien termina pagando la guerra es el inquilino.
