Francia, el caos que puede entregar el poder político a Le Pen

«¿Cómo quieren gobernar un país donde existen 246 variedades de queso?» (Charles de Gaulle).

Francia atraviesa un periodo de profunda turbulencia política y social, en el que la protesta en las calles, la fragilidad de la gobernabilidad y la radicalización del discurso público se combinan para cuestionar la estabilidad de las instituciones. Las manifestaciones que se han multiplicado en las últimas semanas, inicialmente impulsadas por reivindicaciones relacionadas con el sistema educativo, se han extendido a otros sectores de la sociedad y han venido acompañadas de bloqueos, enfrentamientos con las fuerzas policiales, actos de vandalismo y episodios de violencia que reflejan la magnitud del malestar existente. Según las autoridades francesas, unas 266.000 personas participaron en las movilizaciones celebradas el 6 de octubre, mientras que los organizadores ofrecieron cifras superiores. La crisis ha dejado así de ser un episodio aislado de protesta estudiantil para adquirir una dimensión política mucho más amplia.

Naturalmente, las reivindicaciones relativas a la falta de profesores, al deterioro de las infraestructuras escolares y a las condiciones de enseñanza merecen ser consideradas por sus propios méritos. La violencia policial, cuando existe, debe ser investigada, y los responsables de actos vandálicos o agresiones deben responder ante la ley. Una democracia no puede confundir el derecho a la manifestación con la violencia, pero tampoco puede utilizar la necesidad de preservar el orden público para silenciar reivindicaciones legítimas. Es precisamente ese delicado equilibrio el que hoy está siendo puesto a prueba en Francia.

El problema surge cuando el descontento social se convierte en un instrumento de confrontación política permanente, cuando las instituciones pasan a ser presentadas como enemigas de los ciudadanos y cuando el desorden deja de ser un problema que resolver para transformarse en una oportunidad que explotar. En ese contexto, la actuación de la izquierda radical francesa, particularmente de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, merece un análisis crítico, sin que ello signifique atribuirle la organización o el control de todas las manifestaciones. La crisis tiene raíces sociales y económicas que van mucho más allá de la influencia de cualquier partido.

Lo importante es comprender la lógica política que puede surgir de este ambiente: cuanto más difícil se vuelve gobernar, cuanto mayor es la erosión de la autoridad del Estado y cuanto más se degrada la confianza de los ciudadanos en las instituciones, mayor es el espacio disponible para fuerzas que prometen una ruptura radical con el sistema existente. Y esas fuerzas no siempre son las mismas que alimentaron el conflicto.

La izquierda radical y la tentación de la ruptura

Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa representan una corriente política que pretende transformar profundamente el modelo económico y social francés, cuestionando las políticas de austeridad, las desigualdades y los límites que percibe en la democracia representativa actual. Parte de estas preocupaciones responde a problemas reales que no pueden ser ignorados. Sin embargo, el debate se centra en los métodos utilizados, en la relación con las instituciones y en la capacidad de distinguir entre la movilización legítima y la explotación partidista del conflicto.

La radicalización política encierra siempre una tentación: creer que el agravamiento de las contradicciones sociales y el debilitamiento de la autoridad establecida son etapas necesarias para construir una nueva sociedad. En esta visión, el enfrentamiento deja de ser un instrumento de presión y pasa a convertirse en un fin en sí mismo. El sistema existente aparece como irremediablemente ilegítimo, las instituciones pierden credibilidad y la promesa de una transformación profunda ocupa el lugar de la negociación, el compromiso y la reforma gradual.

Es en este punto donde una ambición de cambio social puede adquirir rasgos peligrosos. La democracia no consiste únicamente en la posibilidad de derribar gobiernos o movilizar multitudes. Exige la aceptación de reglas comunes, la protección de los derechos individuales, el respeto a la oposición y la existencia de instituciones capaces de arbitrar los conflictos. Cuando un movimiento político considera que su interpretación de la justicia social le otorga legitimidad para relativizar esos límites, corre el riesgo de contribuir a una cultura política en la que los fines justifican los medios.

La historia europea está llena de ejemplos en los que proyectos presentados como liberadores terminaron produciendo nuevas formas de concentración del poder. La promesa de una sociedad sin injusticias no garantiza, por sí misma, una sociedad libre.

La paradoja de entregar el poder a Marine Le Pen

Es precisamente en este escenario donde el Rassemblement National de Marine Le Pen y Jordan Bardella encuentra una oportunidad política que no debe subestimarse. Durante décadas, la derecha nacionalista francesa fue contenida por un cordón sanitario construido por las fuerzas tradicionales. Ese mecanismo ha ido perdiendo eficacia a medida que los partidos históricos se debilitaban y una parte creciente del electorado comenzaba a considerar al Rassemblement National como una alternativa legítima de gobierno.

El mensaje es sencillo: el Estado ha perdido el control y es necesario recuperar la autoridad.

Su estrategia se basa en asociar inmigración, inseguridad, pérdida de soberanía e incapacidad de las élites políticas para responder a las preocupaciones ciudadanas. El mensaje es sencillo: el Estado ha perdido el control y es necesario recuperar la autoridad. Esta narrativa gana fuerza siempre que la ciudadanía observa escuelas bloqueadas, transportes paralizados, enfrentamientos en las calles o instituciones incapaces de resolver conflictos prolongados.

La eficacia de esta narrativa no depende de que todos sus presupuestos sean correctos. La política electoral está influida no solo por la realidad objetiva, sino también por la percepción que los ciudadanos tienen de su seguridad, de su futuro y de la capacidad del Estado para garantizar estabilidad. Cuando esa percepción se deteriora, la promesa de autoridad gana valor político.

La paradoja es evidente: si la izquierda radical contribuye a agravar la sensación de desorden e impotencia del Estado, puede terminar reforzando precisamente a la principal fuerza política que se presenta como su adversaria. Al convertir cada conflicto en una prueba del fracaso del sistema, corre el riesgo de convencer a parte del electorado de que la solución pasa por un cambio todavía más radical, pero esta vez orientado hacia la derecha.

El agotamiento del centro político francés

El ascenso de los extremos no puede explicarse únicamente por la actuación de la izquierda radical o por la capacidad de movilización de la derecha nacionalista. Existe una responsabilidad más amplia que involucra el debilitamiento de las fuerzas tradicionales y la incapacidad del centro político para construir una mayoría estable y ofrecer respuestas convincentes a los problemas del país.

Emmanuel Macron llegó a la presidencia prometiendo superar la división tradicional entre izquierda y derecha, modernizar la economía y reforzar la posición internacional de Francia. Sin embargo, la erosión de su base electoral, los conflictos sociales acumulados y la fragmentación parlamentaria han reducido progresivamente su capacidad de gobierno.

Cuando las fuerzas moderadas dejan de ser capaces de traducir sus propuestas en mejoras visibles para la población, pierden capacidad para presentarse como una alternativa creíble frente a la radicalización. El resultado puede ser una competencia cada vez más polarizada entre proyectos que se alimentan del descontento y tienen dificultades para reconocer la legitimidad de sus adversarios.

Una crisis francesa con consecuencias europeas

El destino político de Francia trasciende ampliamente sus fronteras. Francia es una de las principales economías de la Unión Europea, una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y uno de los pilares de la defensa europea. Su capacidad para tomar decisiones y alcanzar compromisos resulta decisiva para el funcionamiento del proyecto europeo.

Europa afronta simultáneamente la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, la competencia industrial global y la necesidad de reforzar sus capacidades defensivas. En este contexto, la estabilidad política de los grandes Estados miembros no es una cuestión interna, sino una condición para que la Unión pueda actuar con eficacia.

Para Portugal, las consecuencias serían especialmente relevantes. La estabilidad del mercado único, la financiación de las políticas comunes, la defensa de los intereses comerciales europeos y la cohesión política de la Unión influyen directamente en las oportunidades de desarrollo de los países de menor dimensión.

La advertencia que Francia deja a Europa

La situación francesa constituye una advertencia para todas las democracias europeas. Durante demasiado tiempo, parte de las élites políticas consideró que el crecimiento de los movimientos radicales era un fenómeno pasajero. Sin embargo, los ciudadanos se alejan de los partidos tradicionales porque perciben que las instituciones no responden a sus problemas, que los servicios públicos se deterioran y que las decisiones fundamentales son tomadas por una clase política distante de sus preocupaciones.

La respuesta no puede consistir únicamente en denunciar los extremismos. Exige políticas públicas eficaces, servicios de calidad, finanzas públicas sostenibles, capacidad para garantizar la seguridad e instituciones que rindan cuentas a los ciudadanos. Exige, sobre todo, liderazgos que comprendan que la autoridad no se construye solo mediante la fuerza y que la justicia social no puede alcanzarse destruyendo las condiciones necesarias para el funcionamiento de una sociedad libre.

Francia se encuentra ante una encrucijada, pero el desenlace no está predeterminado. Lo esencial es comprender la paradoja que atraviesa esta crisis: quienes contribuyen a deslegitimar las instituciones pueden descubrir que el vacío creado no es ocupado por la sociedad ideal que imaginaban, sino por una fuerza mejor posicionada para capitalizar el miedo, la inseguridad y el deseo de autoridad.

El verdadero peligro para Francia y para Europa no reside únicamente en el ascenso de un extremo político. Reside en la incapacidad de las democracias para demostrar que la libertad puede garantizar el orden, que la justicia social puede coexistir con la responsabilidad y que el cambio no exige destruir las instituciones que hacen posible una sociedad libre.