«A calentar la calle»: la última apuesta de Pedro Sánchez

Hay momentos en la vida política en los que gobernar y sobrevivir se convierten en objetivos difíciles de distinguir. Pedro Sánchez parece haber llegado a uno de ellos. Tras años al frente del Gobierno, la acumulación de problemas sociales, controversias judiciales y dificultades parlamentarias amenaza con reducir su acción política a una batalla permanente por mantenerse en el poder. En este contexto, «acalentar la calle» puede convertirse en su última apuesta: movilizar a sus bases, intensificar la confrontación ideológica y transformar el descontento ciudadano en un instrumento de supervivencia electoral. 

La vivienda constituye el escenario elegido. No es casualidad: el acceso a una casa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente de los jóvenes, para quienes emanciparse parece cada vez más difícil. Los alquileres han aumentado, la oferta resulta insuficiente en las zonas de mayor demanda y el parque de vivienda pública continúa siendo limitado. 

Pero hay una pregunta que Sánchez difícilmente podrá eludir: ¿dónde ha estado el Gobierno durante todos estos años? 

Desde 2018, el Ejecutivo ha dispuesto de tiempo para impulsar la construcción, movilizar suelo, agilizar procedimientos administrativos y ampliar sustancialmente la vivienda protegida. Sin embargo, el desequilibrio entre oferta y demanda persiste y se ha agravado en numerosas ciudades. Es cierto que las responsabilidades están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que existen obstáculos estructurales que ningún Gobierno puede resolver de inmediato. Pero resulta difícil justificar que quien lleva años en el poder pretenda ahora presentarse como protagonista de la solución a una crisis que no ha conseguido contener. 

La vivienda necesita políticas eficaces, inversión, seguridad jurídica y cooperación institucional. No se resuelve mediante declaraciones, enfrentamientos entre administraciones o la identificación de culpables universales. Sin un aumento sostenido de la oferta, las dificultades de acceso seguirán afectando a millones de ciudadanos. 

De la crisis social a la confrontación política 

El problema no es que los ciudadanos protesten. El derecho a manifestarse constituye una garantía esencial de la democracia, y la indignación ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna merece ser escuchada. El problema surge cuando el poder pretende apropiarse de esa indignación, dirigirla contra sus adversarios y utilizarla para eludir sus propias responsabilidades. 

La operación resulta políticamente comprensible: transformar una crisis de gestión en una confrontación ideológica, presentando al Gobierno como aliado de los ciudadanos frente a quienes supuestamente defienden intereses contrarios a los suyos. De este modo, la discusión deja de centrarse en los resultados y pasa a girar alrededor de la identidad política de los contendientes. 

Sin embargo, la calle no pertenece a ningún partido. Quienes protestan por la vivienda, los salarios o la inseguridad económica no necesariamente respaldan a Sánchez ni están dispuestos a concederle un cheque en blanco. El descontento puede movilizar a sus partidarios, pero también volverse contra quienes gobiernan. 

La estrategia encierra, además, un riesgo añadido: entregar un protagonismo creciente a los sectores más radicales de la izquierda y convertir la movilización en una prolongación de la lucha partidista. Las alianzas parlamentarias son legítimas, pero la necesidad de conservarlas no debería determinar la orientación de las políticas públicas ni justificar una escalada permanente de la confrontación. 

Un Gobierno tiene la responsabilidad de preservar la convivencia y favorecer el diálogo, no de alimentar una dinámica en la que el adversario político se convierte en enemigo. «Acalentar la calle» puede proporcionar oxígeno electoral, pero también desencadenar una tensión que el propio Ejecutivo termine siendo incapaz de controlar. 

La corrupción y el desgaste de la credibilidad 

La crisis habitacional no es el único frente que debilita al presidente. Las investigaciones y controversias judiciales relacionadas con personas de su entorno político y familiar han alimentado una creciente crisis de confianza. La existencia de investigaciones no equivale a una condena, y corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades penales. Pero la responsabilidad política exige algo más que invocar la presunción de inocencia o denunciar supuestas campañas de acoso. 

Un presidente no responde automáticamente por cualquier conducta de quienes lo rodean, pero sí debe ofrecer explicaciones, garantizar la transparencia y evitar que la protección de los propios prevalezca sobre el interés general. Cuando se acumulan sospechas y controversias, la credibilidad del Gobierno queda necesariamente sometida a escrutinio. 

La polarización puede servir para desviar temporalmente la atención, pero no elimina las preguntas. Tampoco convierte las críticas legítimas en ataques contra la democracia. La ejemplaridad, la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias inseparables del ejercicio del poder. 

Ceuta, Marruecos y la política migratoria 

Otro de los asuntos que ponen a prueba la política del Gobierno es la gestión de la frontera sur, particularmente en Ceuta. Su condición de territorio español y frontera exterior de la Unión Europea obliga a tratar cualquier episodio de presión migratoria como una cuestión que afecta tanto a la seguridad nacional como a la estabilidad europea. 

La protección de los derechos humanos y el control efectivo de las fronteras no son objetivos incompatibles. España necesita una política migratoria que combine obligaciones humanitarias, capacidad de acogida, integración, seguridad y cooperación internacional. Presentar cualquier crítica a la gestión migratoria como una manifestación de hostilidad hacia la inmigración empobrece el debate y deja espacio a los extremos. 

La relación con Marruecos exige, por su parte, pragmatismo y cooperación, pero también reciprocidad, transparencia y firmeza en la defensa de los intereses españoles. Las controversias sobre la orientación de la política española hacia Rabat han suscitado dudas que merecen explicaciones claras. La necesidad de mantener buenas relaciones diplomáticas no puede confundirse con la renuncia a defender las prioridades estratégicas nacionales. 

La cuestión no consiste en alimentar sospechas sin fundamento, sino en exigir una política exterior coherente y verificable, especialmente cuando están en juego la integridad territorial, la gestión de los flujos migratorios y la seguridad de las fronteras europeas. 

Una posición discutida en Europa y en la OTAN 

La política exterior española también ha generado controversias por las discrepancias con algunos aliados europeos y por las posiciones adoptadas en materia de defensa y compromisos atlánticos. Las diferencias entre socios son legítimas, y la autonomía diplomática constituye un atributo de cualquier Estado soberano. Pero la autonomía requiere una estrategia clara, compromisos previsibles y una explicación convincente de las decisiones adoptadas. 

En un contexto de creciente inseguridad internacional, amenazas híbridas e inestabilidad en la vecindad europea, España necesita una política exterior que responda a los intereses permanentes del Estado y no a las necesidades coyunturales de la política interna. La credibilidad de un aliado depende tanto de sus declaraciones como de la coherencia de sus actuaciones. 

Las discrepancias con Washington, Bruselas o cualquier otra capital no constituyen por sí mismas un problema. Lo preocupante sería que las decisiones estratégicas apareciesen subordinadas a la conveniencia electoral o a la necesidad de mantener determinados equilibrios parlamentarios. 

El riesgo de una salida por la puerta pequeña 

Todos estos frentes son distintos, pero convergen en una misma cuestión: la dificultad de separar la gestión del Estado de la supervivencia política del presidente. Cuando cada crisis se convierte en una batalla ideológica, el debate sobre las soluciones queda relegado y la acción de gobierno pierde coherencia. 

Sánchez ha demostrado una notable capacidad para resistir situaciones adversas. Sin embargo, sobrevivir políticamente no equivale a gobernar eficazmente. La primera tarea depende de los equilibrios parlamentarios, la comunicación y la capacidad de movilización; la segunda exige resultados, confianza pública y una visión de país que vaya más allá de la siguiente confrontación electoral. 

La apuesta por «acalentar la calle» puede reactivar a sus partidarios y recuperar temporalmente la iniciativa. Pero no construye viviendas, no resuelve los problemas fronterizos, no disipa las dudas que deben esclarecer los tribunales ni define una política exterior coherente. Si la movilización se convierte en sustituto de la gestión, el desgaste acumulado puede terminar imponiéndose al relato. 

La calle tampoco es un instrumento que pueda controlarse indefinidamente. Los ciudadanos no viven de estrategias electorales, sino de salarios, alquileres, seguridad y expectativas de futuro. Cuando la distancia entre las promesas y la realidad se vuelve demasiado grande, ninguna operación de comunicación consigue cerrarla para siempre. 

Pedro Sánchez puede intentar convertir el descontento social en una oportunidad de supervivencia. Pero, al hacerlo, corre el riesgo de que la movilización concebida para sostenerlo termine amplificando el hartazgo con su Gobierno. Si pretende hacer de la vivienda su gran batalla política, tendrá que responder por los años en que no logró resolverla. Si convierte la confrontación en su principal instrumento de gobierno, deberá asumir las consecuencias de una polarización que puede escapar a su control. 

«Acalentar la calle» puede ser la última apuesta de supervivencia de Pedro Sánchez, pero también el riesgo de una estrategia que confunde movilización con liderazgo y permanencia en el poder con capacidad de gobernar. 

Porque una cosa es movilizar a los propios para resistir y otra muy distinta convencer a los ciudadanos de que se merece seguir gobernando. Si finalmente abandona el poder, su legado no dependerá de cuánto haya conseguido agitar la calle, sino de cuánto haya conseguido transformar la realidad de los españoles. Y su salida podría terminar siendo el desenlace de un desgaste que ninguna estrategia de confrontación haya logrado detener.