Las preguntas a Colau sin respuesta: disturbios ‘okupa’, subvenciones investigadas y adjudicaciones a Mediapro

El ayuntamiento de Barcelona ignora cuantiosas peticiones de información de la oposición, como las relativas al desalojo de la Casa Buenos Aires o una adjudicación directa y excepcional a la empresa fundada por Jaume Roures

Ada Colau, alcaldesa y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona. Efe/Alejandro García

El universo político de Ada Colau se vendía como adalid de la transparencia frente a la “vieja política”, aunque una vez en el poder es la oposición quien tiene problemas para hacer preguntas. El ayuntamiento de Barcelona tiene cuestiones en el cajón a responder por escrito, pese a que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) obliga a contestar con un mes de margen.

Las cuestiones que están a la espera de una respuesta por parte del ayuntamiento son diversas. Solo Ciudadanos, uno de los cinco partidos que forma la oposición al bipartido Barcelona en Comú-PSC, tiene en cola 36 peticiones al ayuntamiento entre preguntas, ruegos y expedientes varios.

También las hay de otros partidos, y de cuestiones de profundo interés para los barceloneses. Entre las cuestiones que aguardan en el cajón de la alcaldía y del equipo de gobierno se encuentran preguntas relativas a disturbios okupas como el desalojo de la casa Buenos Aires, también por las subvenciones investigadas y hasta un convenio con Mediapro.

Tal y como publicó Economía Digital, este limbo informativo contraviene el artículo 98 del ROM, sobre preguntas escritas a alcaldía o a la presidencia de la Comisión del Consejo Municipal. Las peticiones que deben contestarse sobre el papel, tal y como especifica el apartado 4 del citado artículo, tienen un mes de margen para ser respondidas.

El gobierno puede prorrogar la información otro mes, aunque debe notificarlo. Desde Ciudadanos explican que no les consta ninguna petición de este tipo, y lamentan que los ruegos, preguntas y expedientes solicitados al ayuntamiento hayan quedado en un limbo.

El “coste total” del desalojo de la ‘casa Buenos Aires’

El equipo que dirigió Josep Bou preguntó el 6 de noviembre de 2020 sobre el “coste total de los desperfectos ocasionados como consecuencia de los incidentes violentos derivados de las movilizaciones por el desalojo de la Casa Buenos Aires“. Desde el PP de Barcelona lamentan el silencio del equipo municipal.

El desalojo de la Casa Buenos Aires ha sido uno de los frentes abiertos del equipo municipal. Los Mossos d’Esquadra desalojaron este edificio modernista del barrio de Vallvidrera, que había sido ocupado por jóvenes para evitar su demolición y posterior construcción de un hotel.

El primer intento de la policía por sacar a los ‘okupas’ fue infructuoso, como consecuencia de la propia organización vecinal favorable a salvar el inmueble. La número dos del equipo municipal –según avanzó el digital Metrópoli Abierta–, Janet Sanz, está imputada por posible ensañamiento contra el empresario hotelero y su benevolencia con los ocupantes.

Sin acceso a los expedientes de subvenciones al Observatori DESC

Otra de las preguntas pendientes de Ada Colau procede de Ciutadans. El partido preguntó infructuosamente a la alcaldesa por el acceso y copia a los expedientes de subvenciones otorgadas al Observatori DESC durante los años 2020 y 2021, una de las entidades por las que Fiscalía y el Tribunal de Cuentas investigan a la alcaldesa de Barcelona.

La investigación de Fiscalía comenzó gracias a una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución, con el objetivo de que el Ministerio Público indagara en la adjudicación de subvenciones públicas por valor de 3,4 millones de euros a varias organizaciones consideradas cercanas a Barcelona en Comú.

Además del Observatori DESC, también están bajo lupa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que Ada Colau se hizo popular por su labor como activista antes de dar el salto definitivo a la política institucional. Otras de las investigadas son: Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).

A esto se sumó una investigación del Tribunal de Cuentas por una denuncia de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) contra la alcaldesa. El principal actor del conglomerado público-privado que gestiona el agua en BCN la acusa de irrigar asociaciones afines con el objetivo de impulsar la remunicipalización del abastecimientos del agua en un clima de “acoso”.

Vínculos entre Colau y Jaume Roures

Las preguntas por la adjudicación a Mediapro para el proyecto Barcelona canta la vida. El partido naranja exigió a Colau el expediente de acceso al convenio entre el ayuntamiento y la empresa fundada por Jaume Roures. Esta concesión se hizo de forma directa y excepcional por un valor de 250.000€.

Mediapro es una empresa polémica, sobre todo por llevarse gran parte de la tajada del presupuesto de TV3 para producción externa. La empresa del magnate del audiovisual ha vendido por 440.000€ una serie documental titulada El Judici, que consta de ocho capítulos y cuya emisión ha causado suspicacias por acusaciones de falta de neutralidad.

El documental debía venderse a la televisión pública inicialmente por 800.000€, algo que a Vicent Sanchis le parecía excesivo al no tener la televisión pública el presupuesto. Tras negar que la CCMA fuera a comprar el material de Mediapro, finalmente lo hizo por un precio inferior al inicial.

Colau se enfrenta a su código ético

La poca transparencia del ayuntamiento de Barcelona choca con la pretensión durante el nacimiento de Barcelona en Comú de abrir ventanas. Colau, que focalizó su campaña en la supuesta corrupción del exalcalde Xavier Trias (CiU), está ahora a un paso de la imputación por las investigaciones de Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.

De materializarse esta imputación, la alcaldesa debería dimitir según lo dispuesto en el código ético de Barcelona en Comú. Este códice de buenas prácticas, que obvia la presunción de inocencia, la obliga a apartarse de sus obligaciones. Es posible que de terminar investigada Colau lo ignore: la teniente de alcalde Janet Sanz sigue en su puesto pese a su imputación por malversación.

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