El abogado que ha llevado a Bruselas el caso de los interinos: «Por supuesto que el Gobierno tiene que regularizarlos»
El letrado del despacho Arauz de Robles Abogados asegura que el fallo judicial confirma que las medidas adoptadas por las autoridades administrativas españolas y los órganos jurisdiccionales "infringen la normativa"
El abogado Javier Arauz. Foto: Despacho Arauz de Robles Abogados.
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Javier Arauz, el abogado que ha llevado a Bruselas el caso de los interinos, se pronuncia de forma tajante ante la pregunta de si el Gobierno está obligado a regularizar a los interinos. «Por supuesto que sí», declara a ECONOMÍA DIGITAL y considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «acaba con todas las excusas».
Además, recalca que el fallo judicial confirma que las medidas adoptadas por las autoridades administrativas españolas y por los órganos jurisdiccionales «infringen la normativa».
Acabar con el abuso de la temporalidad
El abogado explica que la sentencia, que aborda el abuso de la temporalidad en el sector público español, constata que las administraciones públicas que abusan de los trabajadores deben ser sancionadas. Además, concreta que la sanción no puede consistir en la aplicación de la figura del indefinido no fijo, una indemnización topada, ni un proceso de estabilización.
De esta manera, el fallo judicial anula la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que articula los procesos de estabilización y especifica indemnizaciones de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades. También impide aplicar las indemnizaciones por despido improcedente previstas en el Estatuto de los Trabajadores, al no evitar futuros abusos.
Una resolución «histórica»
«Estamos ante una resolución histórica que puede marcar un antes y un después en el empleo público en España», consideró Javier Arauz tras hacerse público el contenido de la sentencia. «El TJUE nos aboca, tras más de 20 años sin aplicar correctamente la Directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación», añadió.
A sus ojos, el veredicto judicial constata el principio de prevalencia del derecho de la Unión Europea, por lo que ninguna legislación está por encima del derecho comunitario, pero también da un paso adelante para el reconocimiento de derechos de los ciudadanos, «con el objetivo de que la Unión Europea deje de ser una unión de Estados y se convierta en una unión de ciudadanos».
Las leyes españolas, en contra de las europeas
El fallo «enmienda totalmente» las medidas impulsadas por el Gobierno, al considerar que son «radicalmente contrarias» a la directiva europea, así como la justicia española, por defender que la figura del indefinido no fijo, los procesos selectivos de estabilización o las indemnizaciones tasadas establecidas en la legislación española cumplían con la normativa europea.
«Ninguna de las medidas aplicadas hasta ahora en España cumple con el Derecho europeo», afirma y ahonda: «El legislador nacional y los tribunales, una vez que el TJUE les ha cerrado todas las puertas, no tienen otra opción que la de legislar o pronunciarse a favor de la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, como única medida sancionadora viable».
Regularizar a los interinos
El abogado hace hincapié en que la sentencia es «tan radical» que ni las autoridades ni la justicia pueden aplicar otra medida que no sea la transformación de la relación temporal en fija. «La sentencia es un embudo que reconduce a los tribunales a la fijeza como única solución posible», señala.
«Sí o sí tendrá que legislar la transformación en fijos de los empleados públicos víctimas de un abuso», enfatiza y también explica que el país deberá afrontar «el pago de indemnizaciones millonarias sin límite para empleados afectados, incluido los que hayan superado los procesos de estabilización».
Sanciones económicas
La Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción contra España por incumplir la directiva, recuerda el letrado, que espera que «en breve» dicte resolución e imponga una «importante» multa.
Según su previsión, la sanción consistirá en un fijo de varios millones de euros, así como una multa coercitiva por cada día que se retrase en trasponer la directiva al ordenamiento jurídico interno.
Bruselas también tiene retenidos más de 600 millones de euros de fondos comunitarios después de que el Gobierno haya incumplido el compromiso asumido en el componente 11 de su plan de resiliencia, en el que se obligaba a reducir la temporalidad en el sector público al 8% antes de que acabase 2024.
Según se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la temporalidad se situaba en julio en más del 32%, lo que implica que cerca de un millón de los 3,1 millones de trabajadores públicos son temporales.
