Cambio en la seguridad de Correos: rescinde el contrato con Sureste Seguridad
No es la primera vez que la empresa aparece vinculada a controversias, organizaciones sindicales han denunciado en ocasiones anteriores prácticas laborales o conflictos relacionados con las condiciones de los trabajadores asignados a servicios públicos.
Pedro Saura, presidente de Correos.
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Correos ha decidido poner fin a su relación contractual con Sureste Seguridad, uno de los grupos privados con mayor presencia en la contratación pública de servicios de vigilancia y protección en España.
La empresa postal pública ha rescindido varios lotes del contrato que mantenía con esta compañía, una decisión que, según la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP‑USO), se fundamenta en la detección de distintos incumplimientos en la ejecución de los servicios adjudicados.
Según detalla el sindicato y como recoge Escudo Digital, Correos ha resuelto los lotes 1, 2, 3, 5 y 6 del servicio de vigilantes y auxiliares adjudicados a Sureste Seguridad, lo que afecta a un número significativo de centros y dependencias repartidos por todo el territorio.
Como consecuencia directa de esta resolución, la empresa pública ha procedido a incautar las garantías constituidas por la adjudicataria, por un importe total de 550.000 euros, una medida prevista en la normativa de contratación pública cuando se acreditan incumplimientos contractuales graves.
En paralelo, Correos ha solicitado al Ministerio de Hacienda la apertura del procedimiento de prohibición de contratar contra Sureste Seguridad, lo que, de prosperar, podría impedir a la compañía optar a nuevos contratos con el sector público durante un periodo determinado.
La solicitud se ampara en las causas de penalización recogidas en la legislación de contratos del sector público, que contemplan tanto el incumplimiento reiterado de obligaciones como la imposición de sanciones relevantes por parte de la administración.
La rescisión de estos lotes obliga ahora a Correos a activar mecanismos de continuidad del servicio, ya sea mediante una nueva licitación urgente, la reasignación temporal a otros proveedores o el uso de fórmulas previstas en la ley para garantizar la protección de sus centros mientras se tramita un nuevo contrato.
La seguridad y vigilancia de oficinas, unidades de reparto, centros logísticos y otras instalaciones se consideran servicios esenciales dentro del funcionamiento cotidiano de la compañía pública.
Un proveedor recurrente bajo la lupa
El contrato rescindido formaba parte del paquete de servicios de vigilancia y seguridad que Correos licita de forma periódica para cubrir sus instalaciones en todo el país, siguiendo los procedimientos habituales de licitación abierta, adjudicación por lotes y control mediante garantías. Aunque FTSP‑USO no precisa la fecha exacta de adjudicación inicial en su comunicado, subraya que Sureste Seguridad ha tenido una presencia continuada en este tipo de concursos en los últimos años.
Los datos del Explorador de Gobierno de Contratación apuntan a que Grupo Sureste —del que forma parte Sureste Seguridad— ha acumulado 614 adjudicaciones desde 2017, por un importe cercano a los 400 millones de euros, sumando contratos con distintas administraciones y entidades públicas. Entre los organismos que han confiado en sus servicios figura la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército, que le ha concedido 34 adjudicaciones en los últimos tres años, según los registros de la plataforma Sophia citados por el propio FTSP‑USO.
Este volumen de contratos refleja el peso de la compañía dentro del sector de la seguridad privada en el ámbito público, donde opera en competencia con otras firmas de gran tamaño.
No es la primera vez que la empresa aparece vinculada a controversias, organizaciones sindicales han denunciado en ocasiones anteriores prácticas laborales o conflictos relacionados con las condiciones de los trabajadores asignados a servicios públicos.
La decisión de Correos supone, por tanto, un golpe reputacional y operativo para Sureste Seguridad, que ve cuestionada su fiabilidad como adjudicataria en uno de los grandes contratos de vigilancia del país.
