Correos en el punto de mira por comercializar balizas V-16 de una empresa al borde de la quiebra
La empresa tiene escasa actividad, cuentas en números rojos y una estructura empresarial opaca
Correos y la baliza V16 bajo lupa tras un nuevo escándalo
Correos ha generado una nueva polémica sobre su papel en la comercialización de las nuevas balizas de emergencia V16. La compañía habría incluido entre sus productos un dispositivo suministrado por una compañía con registros y situación financiera cuanto menos cuestionables. El caso ha despertado críticas y dudas en sectores políticos, de consumidores y dentro del propio mercado automovilístico, al tiempo que pone sobre la mesa interrogantes sobre la gestión y responsabilidad de un operador público con más de 2.000 oficinas en toda España.
Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de portar una baliza V16 en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026, fijada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los conductores están obligados a disponer de uno de estos dispositivos homologados, bajo sanción en caso de incumplimiento. Estas balizas sustituyen a los tradicionales triángulos y se activan en caso de emergencia para señalar un vehículo parado en la vía, contando además con sistemas de conectividad que permiten la geolocalización cuando se activan.
Irregularidades a simple vista
En ese contexto, Correos decidió ofrecer en sus mostradores la baliza comercializada por Grandisor Internacional S.L., bajo la marca Orflect. Sin embargo, dicha empresa que figura como suministradora, arroja múltiples irregularidades. Según avanzaban los compañeros de The Objective, la sociedad cerró el ejercicio de 2024 al borde de la quiebra, con apenas dos empleados y una administradora que no aparece vinculada a otros proyectos empresariales ni tiene presencia pública verificable. Su sede oficial está registrada en una zona residencial de Madrid y existe un rastro que la conecta con las Islas Vírgenes, un conocido paraíso fiscal.
La situación financiera de Grandisor Internacional S.L. es especialmente preocupante. Según The Objective, las últimas cuentas depositadas reflejan pérdidas por más de 57.000 euros, con una deuda acumulada que ronda los 500.000 euros. Pese a ello, Correos no solo incluyó esta baliza entre las ofrecidas en sus oficinas, sino que facilitó su acceso a miles de clientes potenciales que, con la entrada de la nueva normativa, estaban obligados a adquirir el dispositivo para poder circular con normalidad.
El hecho ha recordado casos anteriores en los que organismos públicos remitieron a empresas con vínculos opacos durante momentos de alta demanda regulatoria, tal y como sucedió con ciertos proveedores de mascarillas en plena crisis del COVID-19.
En el punto de mira
Hasta el momento, desde Correos no se ha emitido respuesta alguna sobre por qué se eligió a esta empresa en particular ni sobre los criterios que rigen la inclusión de productos ofrecidos en sus oficinas. Sí se sabe, tal y como avanzaba The Objective, que para su propio stock de balizas, la empresa optó por otro proveedor distinto, realizando una licitación para la compra de 4.800 unidades por aproximadamente 36 euros cada una.
Pese a ello, la controversia ha provocado un debate más amplio que va más allá de la simple elección de un proveedor. Por una parte, plantea dudas sobre el papel de Correos como canal de venta de productos obligatorios para circular. Para los conductores, la obligación de portar una baliza V16 ha supuesto un gasto añadido inevitable. Con casi 34 millones de vehículos en España que deben adaptarse a la normativa, el mercado de estos dispositivos ha adquirido una dimensión significativa. Sin embargo, según The Objective, la aparición de marcas con distintos nombres ofreciendo un producto que, en esencia, es idéntico alimenta desconfianza en muchos usuarios.
Además, se le añade la posible vulneración de privacidad. Tal y como se ha descubierto, al activarse estas balizas se geolocalizan los conductores en tiempo real, algo que algunos colectivos críticos han señalado como una cuestión que merece mayor transparencia y regulación.
La polémica sigue escalando a gran escala
El caso también ha llegado al terreno político. Miembros de distintos partidos, como PP y Vox, han cuestionado la gestión de Correos, pidiendo explicaciones sobre los criterios de adjudicación y la posible existencia de relaciones poco claras entre administraciones públicas, empresas emergentes y la comercialización de productos obligatorios. Aunque no se han presentado pruebas de irregularidades legales, según The Objective, la percepción de falta de transparencia es suficiente para que los grupos de la oposición exijan más claridad.
Por su parte, algunos expertos del sector consultados por los compañeros de La Gaceta, señalan que la venta de balizas V16 puede constituir una importante fuente de ingresos para Correos, que en los últimos años ha enfrentado retos financieros y necesita diversificar sus líneas de negocio. Estos insisten en que la empresa pública debe actuar con especial diligencia y criterios de competencia leal, dado su carácter de servicio público.
El futuro más próximo
El caso de las balizas V16 en Correos pone en relieve la tensión entre la necesidad de adaptación a nuevas normativas, la gestión de servicios públicos eficientes y transparentes, y la protección de los intereses de los consumidores. La polémica, lejos de dissiparse, probablemente seguirá siendo objeto de atención en las próximas semanas conforme se amplíe la venta de estos dispositivos y se profundice en las relaciones entre Correos y sus proveedores.
Un comentario en “Correos en el punto de mira por comercializar balizas V-16 de una empresa al borde de la quiebra”
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Correos está pasando de ser una empresa pública prestadora de servicios públicos a convertirse en un agujero negro.