Los funcionarios de prisiones, más cerca de ser reconocidos como agentes de autoridad

La posible reforma legal busca reforzar la protección jurídica del funcionario penitenciario y endurecer las penas por agresiones en las cárceles españolas

La posible reforma legal busca reforzar la protección jurídica del funcionario penitenciario y endurecer las penas por agresiones en las cárceles españolas

La posible reforma legal busca reforzar la protección jurídica del funcionario penitenciario y endurecer las penas por agresiones en las cárceles españolas

Con 34 votos a favor y solo 2 en contra se ha aprobado en la Comisión de Interior del Congreso, el dictamen de la proposición de Ley Orgánica general penitenciaria, para reconocer a efectos legales, a los funcionarios de prisión como agentes de la autoridad. 

Un consenso mayoritario

Solo ERC se ha mostrado reacio a esta propuesta avisando del riesgo de “ceder ante planteamientos de la derecha”. En el caso de otras fuerzas políticas como PP y PSOE, se mostraban satisfechos por el consenso alcanzado. 

En concreto, el cambio implica que los funcionarios tendrán la condición de agentes de la autoridad con los derechos regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la administración general del estado. 

De este modo, la administración contará con el personal necesario así como estrictamente cualificado. Sin embargo, antes de iniciar su actividad, deberán recibir una formación concreta que incluya una parte teórica y otra práctica. 

Los requisitos del escrito

Por lo que hace a los procedimientos disciplinarios sancionadores, los informes emitidos por los profesionales se constituirán con una base suficiente para adoptar la resolución que proceda. Además, el escrito también incluye un requisito imprescindible. Este recoge que se deberá compensar económicamente a los funcionarios cuando sufran daños personales o materiales sin que hayan mediado dolo, culpa o negligencias graves. 

Otro punto a tener en cuenta es que, en casos de procedimientos penales abiertos contra ellos, se les garantizará una división del resto de reclusos con el objetivo de proteger su integridad física. El fin es proteger a todos por igual para que desarrollen su puesto de trabajo en condiciones óptimas. 

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