El Gobierno aumenta la presión sobre Endesa, Repsol e Iberdrola por la nueva ley de inspecciones
Se trata de un arsenal sancionador que incluye, como medida de último recurso, la paralización de actividad o el cierre de instalaciones críticas si así lo estiman oportuno en el amparo de ese nuevo proyecto de Ley
Pedro Sánchez, Endesa, Iberdrola, Repsol y la ministra Sara Aagesen en un montaje apoyado con IA
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El Gobierno aumenta la presión sobre Endesa, Repsol e Iberdrola por la nueva ley de inspecciones. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que transpone la Directiva europea CER y endurece drásticamente el control estatal sobre los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, agua, banca y salud.
Las empresas afectadas deberán designar un responsable de resiliencia, elaborar planes anuales de continuidad, notificar incidentes en menos de 24 horas y someterse a inspecciones sin previo aviso. La negativa puede derivar en cierre de instalaciones.
Se trata de un arsenal sancionador que incluye, como medida de último recurso, la paralización de actividad o el cierre de instalaciones críticas si así lo estiman oportuno en el amparo de esta nueva ley.
Afectados por la nueva ley
Energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructura digital, agua y aguas residuales, banca, infraestructura del mercado financiero, salud, alimentación, espacio. Si opera en alguno de esos sectores y su interrupción tendría un efecto perturbador significativo sobre la economía, la seguridad o la vida de los ciudadanos, pasa a estar en la lista.
Por el momento en esa lista están Endesa, Repsol, Iberdrola, Naturgy, Telefónica, Aena, Red Eléctrica, Enagás, Cellnex y decenas de otras empresas que hasta ahora operaban bajo un régimen de supervisión que la propia Comisión Europea había calificado de insuficiente.
La ley llega en un momento geopolítico más que exigente. La guerra en Irán, con el estrecho de Ormuz prácticamente paralizado y el Brent rondando o sobrepasando los 100 dólares, ha elevado el riesgo sobre los suministros energéticos de toda Europa hasta niveles que hacen urgente reforzar la resiliencia de las infraestructuras.
Protección de la infraestructura estratégica
La escalada en el flanco oriental de la OTAN ha convertido el sabotaje de infraestructuras críticas, oleoductos, cables submarinos de comunicación, subestaciones eléctricas, en una táctica de guerra híbrida documentada y activa.
Preocupa especialmente el auge de los ciberataques sobre los sistemas de control industrial.
El sector eléctrico español sufrió doce incidentes relevantes de ciberseguridad en 2025 según el INCIBE. Este aspecto ha dejado claro que la resiliencia de las infraestructuras críticas no puede depender únicamente de la buena voluntad de sus operadores. El Estado necesitaba herramientas legales para exigir y verificar. La nueva ley se las da.
El proyecto de ley ha sido enviado a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria y su aprobación definitiva, lo que significa que todavía puede modificarse durante el debate parlamentario.
Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que considera urgente su entrada en vigor. Y que España debe completar la identificación de sus entidades críticas bajo el nuevo marco antes del 17 de julio de 2026, según el calendario de la directiva europea. Por tanto, la ley tiene que estar aprobada antes de que eso sea posible.
