Catalá destina 12,8 millones a rehabilitar 51 viviendas en el emblema de la degradación del Cabanyal

El consejo de administración de la sociedad municipal Plan Cabanyal·Canyamelar (PCC) ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de obras del Edificio Astilleros, un nuevo bloque de 51 viviendas públicas situado en el distrito marítimo que constituye la pieza central del plan de realojos para los vecinos de los Bloques Portuarios y que por tanto, podrán ser derribados.

La mercantil Abala Infraestructuras, del Grupo Ozono Global, ha resultado adjudicataria del proyecto tras alcanzar la mejor valoración técnica y económica entre las diez empresas concurrentes, con un importe de 12,28 millones de euros que sitúa la oferta 2,5 millones por debajo del presupuesto base de licitación.

La previsión municipal apunta a que los trabajos arranquen antes de que finalice este año, con un plazo de ejecución estimado en 20 meses desde la firma del acta de reposición y replanteo, ampliando además la empresa adjudicataria en un año adicional la garantía sobre la obra terminada hasta alcanzar un total de dos años.

El concejal de Urbanismo y Vivienda y presidente de PCC, Juan Giner, ha señalado que el Edificio Astilleros representa la principal actuación de vivienda pública en el barrio durante este mandato, definiéndolo como la respuesta esperada por los residentes de los Bloques Portuarios y una pieza esencial del Plan + Vivienda para ampliar el parque público municipal.

El proyecto se levantará sobre una parcela municipal de 2.779 metros cuadrados delimitada por las calles Astilleros, Vicent Guillot «Tio Bola» y Eugenia Viñes. La actuación se organiza en dos bloques residenciales paralelos de planta baja más dos alturas (PB+2), de unas dimensiones aproximadas de 50 por 15 metros cada uno, y una planta sótano única destinada a aparcamiento. El proyecto de ejecución ha sido redactado por la UTE Ceroarquitectura–Voluar Arquitectura.

Las 51 viviendas protegidas se distribuyen en 45 inmuebles de dos dormitorios (con 72 metros cuadrados útiles), seis de un dormitorio (55 metros cuadrados útiles) y tres viviendas adaptadas para personas con movilidad reducirse. Asimismo, el edificio incorpora 51 trasteros, otras tantas plazas para bicicletas y un estacionamiento subterráneo de 53 plazas -tres de ellas reservadas para movilidad reducida, una con punto de recarga eléctrica, al igual que otra plaza adicional-. En la planta baja, cada bloque dispondrá de un cuarto de basuras independiente.

Desde el punto de vista medioambiental, el conjunto contará con certificación energética A y dispondrá de 96 paneles fotovoltaicos -48 por cada bloque- destinados al autoconsumo de los servicios comunes. La actuación se completa con una nueva plaza ajardinada central de 1.114 metros cuadrados que reserva el 30 % de su superficie a arbolado.

La adjudicación de este edificio de realojo marca un hito en la compleja trayectoria del inmueble de viviendas sociales de 90 metros de largo y siete plantas construido entre 1952 y 1954 en el barrio del Cabanyal. Proyectado por el arquitecto Antonio Tatay entre 1949 y 1952 sobre antiguos corrales y una fábrica de hielo en el desaparecido barrio de El Clot, el complejo se ideó en su origen como alojamiento protegido para los trabajadores del Puerto de València.

Con el paso de las décadas, el edificio sufrió una acusada degradación física, graves problemas estructurales y una evidente falta de mantenimiento en sus instalaciones. Esta decadencia física derivó en una intensa problemática social, tensiones urbanísticas y la presión de fondos o inmobiliarias interesadas en el suelo debido al deterioro acumulado. Arquitectónicamente, el enorme bloque de estética sobria ha venido representando un marcado contraste frente a las tradicionales casas bajas de pescadores del Cabanyal.

En los últimos años, la radiografía social del edificio reflejaba una marcada división entre distintos perfiles: por un lado, unas cincuenta viviendas se encontraban en situación de ocupación ilegal -con realidades que abarcaban desde redes conflictivas y problemas de convivencia hasta familias con menores en extrema exclusión social-; por otro, el resto de los inmuebles se repartía entre propietarios legítimos que resistían en el edificio, pisos tapiados por la administración para prevenir nuevas entradas y viviendas vacías.

Ante la situación de ruina e insalubridad del edificio, el Ayuntamiento de Valencia y la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar han articulado diferentes vías para los vecinos propietarios y los inquilinos legítimos. Los propietarios históricos que desean mantenerse en el entorno del Cabanyal podrán adquirir una vivienda en el nuevo Edificio Astilleros mediante el abono de la diferencia de valor correspondiente. Quienes han preferido no trasladarse a las nuevas fincas han optado por permutar sus casas por otros pisos públicos reformados en el barrio o recibir una indemnización económica en el caso de propietarios con inmuebles desocupados.

Paralelamente, las familias vulnerables que residían en régimen de alquiler legal en los pisos titularidad de la Generalitat o del Ayuntamiento han sido reubicadas de manera progresiva en el parque municipal de vivienda social. Por su parte, la intervención en los pisos ocupados ha requerido de sucesivos desalojos policiales y del tapiado de los accesos con puertas de acero, mientras los servicios municipales de intervención social han actuado en los casos de vulnerabilidad extrema para buscar alternativas habitacionales antes de acometer el vaciado definitivo y la posterior demolición de la estructura original.

Con esta operación, impulsada en el marco del Plan + Vivienda de la administración local para incorporar cerca de un millar de viviendas protegidas a lo largo de la legislatura -de las cuales ya se han sumado 523-, el consistorio continúa ampliando su titularidad sobre los inmuebles del conjunto para facilitar la ejecución ordenada de la actuación urbanística en el distrito marítimo.