Cataluña afronta un déficit de 5.000 millones en las pensiones

Las comunidades autónomas tienen un desequilibrio que supera los 32.500 millones de euros

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Cataluña sólo puede abonar el 78,56% de las pensiones con sus recursos. O sea, tiene un déficit cercano a la cuarta parte del presupuesto destinado a este pago. En cifras, significa que la administración catalana presenta un rojo de 4.963 millones.

No es el peor caso: Andalucía tiene un desequilibrio de 5.500 millones, lo que implica que sólo puede pagar el 69,73% de las pensiones.

Según las estadísticas de la Seguridad Social, las comunidades autónomas en conjunto afrontan un saldo negativo que superan los 32.500 millones. Sólo se salvan Madrid y Baleares, que tienen un superávit de 224 millones y 197 millones, respectivamente.

En el caso particular de Cataluña, ha ingresado 18.195 euros y ha tenido que asumir pagos por 23.159 millones. Aunque todas las provincias catalanas se encuentran en déficit, la que encabeza el desequilibrio es Barcelona, con un resultado de 3.846 millones (aunque cabe recordar que en ella se concentra el 75% de la población en la autonomía). Le siguen Tarragona, con un déficit de 527 millones; Girona, con 302 y Lleida con 289 millones de saldo negativo.

Sólo Madrid y Baleares tienen superávit en sus sistemas de pensiones

En términos relativos, o sea la diferencia entre sus ingresos y las obligaciones de pagos según sus presupuestos, las que se encuentran en una situación más comprometidas son Asturias, Galicia y Castilla-León: la primera podría pagar el 42% de las pensiones y las otras dos el 57%.

Galicia presenta el tercer mayor déficit en España: 3.660 millones de euros. En el pasado ejercicio ingresó 4.871 millones frente a los 8.532 millones de euros de gastos.

Además del pago de las pensiones, en estos egresos también se incluyen los gastos de gestión del sistema (como el del personal) o las inversiones reales. La forma de captar ingresos, en su mayor parte, es a través de las cotizaciones de los trabajadores, pero también hay otras alternativas como los ingresos por transferencias, tasas y precios públicos y las enajenaciones, precisa el informe de la Seguridad Social.

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