Red Eléctrica presenta alegaciones al expediente muy grave del apagón y acusa a la CNMC de conflicto de interés
La compañía asegura que las pruebas aportadas deberían conducir al "inmediato archivo del expediente"
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos
Red Eléctrica ha presentado alegaciones al expediente por infracciones «muy graves» incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El operador del sistema defiende que su actuación fue correcta y que «no existe infracción alguna» que pueda serle atribuida y acusa al regulador de falta de precisión y de su situación de «conflicto de interés» que comprometería su imparcialidad.
La filial de Redeia, responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, presentó ayer sus alegaciones al expediente sancionador incoado por la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y comunicado el pasado 17 de abril.
El organismo que preside Cani Fernández ha incoado hasta la fecha un total de 64 expedientes derivados de su investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025 que dejó sin luz a España, Portugal y parte de Francia.
Entre ellos, destaca especialmente el de Red Eléctrica, a quien la CNMC investiga por presuntas infracciones en la operación del sistema con riesgo para la seguridad de suministro.
La empresa que preside Beatriz Corredor se enfrenta a sanciones que pueden elevarse hasta los 60 millones de euros por mala gestión y operación del sistema recogidas en el artículo 64.25 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE).
También las centrales nucleares de Almaraz y Cofrentes, propiedad sobre todo de Iberdrola, pero también de Endesa y Naturgy, están en el foco de la polémica por los expedientes abiertos por la CNMC por presuntas infracciones muy graves.
Red Eléctrica acusa a la CNMC de falta de precisión y conflicto de interés
En dichas alegaciones Red Eléctrica asegura que «defiende y demuestra» la plena adecuación de su actuación a la normativa vigente y que «no existe infracción alguna que pueda serle atribuida, adjuntando todas las pruebas demostrativas de dicho cumplimento», lo que, a juicio de la compañía, debe conducir al inmediato archivo del expediente.
«Todo ello pese a la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación, lo que coloca a Red Eléctrica en una situación manifiesta de indefensión en la que, en contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia», sostiene la compañía en una nota de prensa este martes.
En esta línea, Red Eléctrica acusa al regulador de una «falta de precisión» incompatible con la complejidad técnica del sistema y el «carácter exhaustivo del procedimiento» previo tramitado por el regulador.
La compañía asegura haber aportado, a petición de la propia CNMC, más de medio centenar de informes y documentos que «evidencian la improcedencia del procedimiento sancionador» contra el operador del sistema y acusa a Competencia de no haber incorporado en el expediente.
Red Eléctrica también pone de manifiesto, en sus alegaciones, «la situación de conflicto de interés públicamente conocida de la CNMC«, aseverando que esto «comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad».
Si bien no explica a conflicto de interés se refiere, el relato mantenido por el operador del sistema en los últimos meses incluye, además de no haber cometido errores y que el incidente fue provocado por los incumplimientos de control tensión de las plantas de generación privadas, la falta de regulación para ello.
Se trata del denominado procedimiento de operación (P.O.) 7.4 que permite a las plantas renovables ejercer un control de tensión en tiempo real, del mismo modo que ocurre con las instalaciones convencionales (nucleares, ciclos combinados, hidráulicas).
Un procedimiento que Red Eléctrica solicitó a la CNMC modificar en 2020. tal y como sucede en Portugal, y que no fue hasta poco después del apagón cuando se ha llevado a cabo. Actualmente, la medida se está empezando a aplicar, si bien no se espera que esté al 100% operativa hasta finales de año.
Las alegaciones de Red Eléctrica y las acusaciones al regulador llegan en un contexto marcado por la oleada de reclamaciones que se está empezando a gestar por parte de grandes compañías del sector energético como Repsol.
Su CEO, Josu Jon Imaz, anunció la semana pasada que la compañía ya había enviado burofaxes a Red Eléctrica y a empresas distribuidoras con las que tiene contratos de suministro.