La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Acciona y respalda a la CNMC en el caso del cártel de constructoras
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La Audiencia Nacional ha vuelto a respaldar la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en uno de los mayores expedientes sancionadores abiertos contra el sector español de la construcción. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por Acciona Construcción contra la decisión del organismo regulador de reiniciar la investigación del denominado cártel de las constructoras.
La sentencia, fechada el pasado 29 de junio, no entra a valorar el fondo del expediente ni la existencia de las prácticas anticompetitivas, sino exclusivamente la legalidad del procedimiento administrativo seguido por la CNMC. La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el organismo estaba facultado para incoar un nuevo expediente una vez declarado caducado el primero, al entender que esa circunstancia no implica la prescripción de los hechos investigados ni impide reiniciar las actuaciones.
La resolución reproduce el criterio que la Audiencia Nacional ya había mantenido anteriormente en recursos similares planteados por FCC y Sacyr, consolidando así una doctrina favorable a la actuación del supervisor.
Ocho años de batalla judicial
El caso se ha convertido en uno de los procedimientos más prolongados de la historia reciente de la CNMC. La investigación comenzó en 2018, aunque el expediente inicial terminó archivado dos años después al superar el plazo máximo legal de instrucción de 18 meses.
Lejos de dar por cerrada la investigación, Competencia acordó en julio de 2020 iniciar un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos, una decisión que fue recurrida por las principales constructoras al considerar que la caducidad del primer expediente impedía reabrir el proceso.
La Audiencia rechaza ahora esa interpretación. Según recoge la sentencia, la declaración de caducidad únicamente determina el archivo del procedimiento concreto, pero no extingue la potestad sancionadora de la Administración cuando los hechos no han prescrito.
Como consecuencia, el tribunal declara inadmisible la impugnación formulada por Acciona contra la reapertura del expediente y confirma la validez de la actuación administrativa desarrollada por la CNMC.
Multas por más de 200 millones
El procedimiento desembocó en una sanción conjunta de 203,6 millones de euros contra las seis principales constructoras españolas por participar presuntamente durante más de dos décadas en un sistema de intercambio de información sobre licitaciones públicas.
Acciona fue sancionada con una multa de 29,4 millones de euros. Las mayores cuantías correspondieron a Dragados, con 57,1 millones, y FCC, con 40,4 millones. Ferrovial recibió una sanción de 38,5 millones, OHLA de 21,5 millones y Sacyr de 16,7 millones. Todas las compañías han recurrido las sanciones y los procedimientos continúan pendientes de resolución definitiva.
La decisión conocida ahora no supone que las multas sean firmes. El núcleo del litigio continúa pendiente de pronunciamiento judicial.
De forma paralela, la Audiencia Nacional ya acordó suspender cautelarmente tanto el pago de las sanciones económicas como la prohibición de contratar con las administraciones públicas que llevaba aparejada la resolución de Competencia. Esa suspensión quedó condicionada a la presentación por parte de las empresas de avales bancarios u otras garantías equivalentes al importe de las multas, con el fin de salvaguardar un eventual cobro por parte de la Administración si finalmente los recursos fueran desestimados.
El mayor expediente de Competencia contra el sector
La CNMC sostiene que entre 1992 y 2017 las seis grandes constructoras mantuvieron un sistema estable de intercambio de información sobre concursos públicos de obra civil y edificación. Según el regulador, las empresas celebraban reuniones periódicas en las que compartían estrategias comerciales, documentación técnica y datos sobre futuras licitaciones para infraestructuras como hospitales, carreteras, puertos o aeropuertos.
Aunque el procedimiento aún no ha alcanzado su desenlace definitivo, las sucesivas resoluciones procesales de la Audiencia Nacional refuerzan la posición jurídica de la CNMC en un expediente considerado emblemático para la política de defensa de la competencia en España. El rechazo de los recursos presentados contra la reapertura de la investigación reduce las posibilidades de que las sanciones puedan quedar anuladas por defectos formales y desplaza el foco del litigio hacia el examen de las conductas investigadas, una batalla que previsiblemente se prolongará todavía varios años en los tribunales.
