Florentino Pérez (ACS) y Perú se citan en el CIADI para solucionar un conflicto de 300 millones
La audiencia de diciembre decidirá si se mantiene la indemnización reconocida a ACS de la Línea 2 del Metro de Lima
Montaje realizado por Economía Digital.
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La batalla judicial entre ACS, el grupo presidido por Florentino Pérez, y el Estado peruano afronta su fase decisiva. Después de varios años de reclamaciones, pagos parciales y recursos, ambas partes volverán a verse las caras entre el 14 y el 16 de diciembre de 2026 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Sobre la mesa estará uno de los mayores litigios de infraestructuras de Latinoamérica, con un conflicto económico que ronda los 300 millones de dólares derivado de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, una obra valorada en más de 5.300 millones de dólares.
La audiencia de diciembre marcará el desenlace del procedimiento de anulación promovido por el Gobierno peruano contra el primer laudo arbitral favorable a la concesionaria.
El resultado determinará si se mantiene la compensación reconocida a las empresas encargadas del proyecto o si, por el contrario, el país logra invalidar total o parcialmente una resolución que podría tener un importante impacto sobre las cuentas públicas peruanas.
El enfrentamiento enfrenta dos posiciones difíciles de reconciliar. Por un lado, la concesionaria —integrada por Iridium, filial de ACS, junto a FCC y la peruana Cosapi— sostiene que los continuos retrasos en la entrega de terrenos, así como las modificaciones técnicas exigidas durante la ejecución del proyecto, generaron importantes sobrecostes que deben ser compensados.
Por otro, el Ejecutivo peruano considera que las cantidades reclamadas exceden las obligaciones asumidas por el Estado y busca limitar el impacto económico de las indemnizaciones.
La controversia llega a esta fase después de que el tribunal arbitral emitiera un primer laudo favorable a las constructoras. Aquella resolución reconoció que la concesionaria había soportado costes adicionales derivados de circunstancias ajenas a su control durante el desarrollo de la infraestructura y ordenó al Estado peruano el pago de compensaciones millonarias.
Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, la decisión abrió un nuevo frente jurídico. Perú optó por solicitar la anulación del laudo ante el propio CIADI, una posibilidad prevista en el sistema arbitral internacional cuando una de las partes considera que concurren determinados defectos en la resolución.
Esa petición permitió además obtener una suspensión provisional de las medidas de ejecución que la concesionaria había impulsado para garantizar el cobro de la indemnización, incluyendo actuaciones en jurisdicciones europeas como Luxemburgo.
Mientras el procedimiento de anulación seguía su curso, ambas partes mantuvieron diferencias sobre el alcance económico del conflicto.
A comienzos de 2026, el Gobierno peruano realizó dos pagos destinados a aliviar parte de la tensión financiera existente. El primero ascendió a 5 millones de dólares, abonados el 7 de enero, mientras que el segundo alcanzó los 19 millones de dólares, transferidos el 12 de enero al Consorcio EPC responsable de las obras.
No obstante, esos desembolsos no sirvieron para zanjar la controversia. El Ejecutivo peruano defendió que las cantidades satisfechas respondían exclusivamente a los sobrecostes derivados de determinadas modificaciones de diseño ordenadas por la administración durante la ejecución del proyecto.
La concesionaria, en cambio, rechazó esa interpretación al entender que los pagos no liquidaban el conjunto de las obligaciones pendientes ni podían imputarse de la forma planteada por el Estado.
El desacuerdo se trasladó también al terreno contable y jurídico. Las empresas sostienen que todavía existen diferencias relevantes sobre la imputación de los pagos realizados y sobre el saldo pendiente de compensación reconocido en el procedimiento arbitral. Esa discrepancia constituye uno de los elementos que seguirán presentes durante la audiencia prevista para finales de año.
El calendario procesal ya ha avanzado varios hitos relevantes. La concesionaria presentó el 23 de mayo de 2026 su Memorial de Contestación frente a la solicitud de anulación formulada por Perú, consolidando así la defensa del laudo obtenido en la primera fase del arbitraje.
Desde entonces, el proceso se dirige hacia la vista oral de diciembre, considerada el momento clave para resolver definitivamente el litigio.
ACS completa el 83% de la obra
La Línea 2 del Metro de Lima constituye una de las inversiones más ambiciosas ejecutadas en Perú durante las últimas décadas. La infraestructura, completamente subterránea, transformará la movilidad de la capital al conectar distintos distritos mediante un sistema ferroviario de alta capacidad.
Las obras presentan un grado de ejecución superior al 83%, aunque su desarrollo ha estado condicionado desde el inicio por retrasos administrativos, dificultades para la liberación de terrenos, interferencias con servicios públicos existentes y sucesivos ajustes técnicos que han obligado a modificar el calendario y los costes inicialmente previstos.
Precisamente esos factores constituyen el origen de la reclamación económica que enfrenta desde hace años a la concesionaria y al Estado.
Para ACS, el procedimiento tiene una doble dimensión. Además del importe económico en disputa, el resultado del arbitraje representa una cuestión de seguridad jurídica para uno de los mayores contratos internacionales del grupo.
Desde la perspectiva del Gobierno peruano, el objetivo pasa por reducir el impacto fiscal de una eventual indemnización y preservar la capacidad de defensa del Estado frente a reclamaciones vinculadas a grandes concesiones públicas.
Con la audiencia fijada para diciembre, ambas partes afrontan el último tramo de un litigio que se ha prolongado durante años y que decidirá si el primer laudo favorable a la concesionaria se mantiene o queda anulado.
