El sector de centros de datos avisa de guerra judicial y fuga de inversión a Francia y Portugal por la regulación

• Así va la carrera europea por la gigafactoría de IA de 4.000 millones: España a la cola en inversión
• La exigente regulación del Gobierno para centros de datos esconde un frenazo de la inversión en renovables

El sector de los centros de datos se ha puesto en pie de guerra por el proyecto de real decreto del Gobierno para regular su uso. La patronal SpainDC ha advertido de que grandes inversores ya han puesto en cuarentena hasta 9.000 millones de euros proyectados en el país y que, de aprobarse lo planteado, provocaría un efecto cascada para un sector que pretende movilizar unos 67.000 millones de euros. Inversiones que podrían acabar en Francia o Portugal. Además, avisa de defectos de forma en el texto que desencadenarían una oleada de demandas judiciales.

«Tres grandes inversores abandonarán sus proyectos si el real decreto ve la luz», ha indicado Emilio Díaz, presidente de SpainDC, en una rueda de prensa para explicar sus alegaciones sobre el proyecto que el Ejecutivo ha sacado a audiencia pública.

El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

En este contexto, la asociación presentó ayer sus alegaciones a este proyecto de real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.

De la inversión total, la patronal estima que entre el 40% y 50% puede estar comprometida ya el día de hoy y el resto hasta el 2030. «Nuestro punto de disparo de la inversión es cuando tienes el punto de acceso concedido. Hasta que no está el punto de acceso concedido no se dispara la inversión», ha explicado Díaz.

«¿Vamos a tener, gracias al impulso de Europa, soberanía y vamos a tener centros de datos en Europa? Sí, pero no van a estar en España.
Nos lo van a garantizar los franceses, se va a garantizar en Portugal, porque muchos de los centros de datos que están planificados aquí se van a ir a Portugal. Van a seguir viviendo de nosotros y España va a soportar las externalidades, pero la riqueza se va a ir a otro país. Yo creo que eso no nos lo podemos permitir», ha asegurado Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación.

Los centros de datos plantearán demandas por defectos de forma

En cuanto a la legalidad del texto planteado por el Gobierno y cuyo trámite de audiencia pública ha finalizado, SpainDC avisa de «defectos de forma» que pueden desencadenar una oleada de demandas en los tribunales.

Uno de los puntos principales que denuncian es que contempla un régimen sancionador no explícito, invadiendo así competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«Tal y como se defienden los peajes de acceso a la red, provoca el mismo efecto que un régimen sancionador, porque escalan, reconocen la reincidencia, llegan al 500% y acaban, insisto, en la pérdida del permiso», ha enfatizado Villacís.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC. Foto: SpainDC

En esta línea, ha explicado que se trata de un régimen sancionador y que el Tribunal Supremo ya se ha expresado en reiteradas ocasiones sobre este tema.

Así, ha destacado que vulnera el principio no discriminación «porque la ley eléctrica lo que habilita es que a todo el mundo pueda concurrir por igual y, en este caso, se hace una medida, a medida sólo de un sector».

«Entendemos también que, aparte de producir de estos defectos, hay unos derechos adquiridos y la norma no justifica debidamente la retroactividad, pues lo que afectan los permisos ya adquiridos y ahí lo tienen que justificar. Por último, la proporcionalidad. La norma adopta la posición más gravosa, más extrema que existe dentro de la ley, que es la pérdida de un permiso con todo lo que ello conlleva», ha añadido.

La gigafactoría de IA no cumpliría los requsitos actuales

Otro de los puntos polémicos que ha puesto sobre la mesa la asociación es que, con los requisitos que la norma actual contempla para los centros de datos, la propia gigafactoría de IA que aspira a albergar en España el actual Gobierno mediante un consorcio con Telefónica, ACS, Santander y Multiverse Computing no podría salir adelante.

«Por política no nos gusta mencionar proyectos concretos, porque entendemos que no es nuestra labor, pero hay uno que por su notoriedad sí que sí que se puede hablar de él porque es el que nos representa en Europa y que nosotros apoyamos, que es la gigafactoría. En ese caso, concretamente, no cumpliría los requisitos que establece el Gobierno», ha sentenciado Villacís.